La ordenación adecuada de los flujos migratorios en nuestro país, además de respetar la legislación vigente, deberá adaptarse a nuestra capacidad real de acogida. Queremos favorecer una inmigración vinculada al empleo, manteniendo el control de los flujos como competencia del Estado.

Eliminaremos la restricción geográfica de las autorizaciones de trabajo por cuenta propia o ajena que impiden la movilidad del trabajador extranjero, tan necesaria en época de crisis.

Favoreceremos la ‘inmigración circular', es decir, que los extranjeros que vengan a nuestro país cuando hay empleo, y vuelvan a su país cuando no lo hay, puedan acumular sus periodos de trabajo temporal a los efectos de cómputo de permanencia, garantizándoles el permiso de trabajo en cada temporada. Propondremos que los extranjeros que tengan que retornar a sus países por diversas causas (económicas, laborales) puedan regresar, si lo desean, conservando sus permisos de residencia y trabajo.

Propondremos políticas de integración que favorezcan la igualdad en derechos y deberes, de respeto a nuestra convivencia constitucional, los mismos para todos. Velaremos especialmente por garantizar el respeto a los derechos de las mujeres y los niños inmigrantes.

Además, promoveremos una legislación específica sobre los menores de edad no acompañados, que facilite su protección y, cuando sea posible, su retorno a los países de origen.