El GPP propone usar todos los laboratorios capacitados en España, incluyendo los veterinarios, para hacer test masivos del coronavirus

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso en la que propone aprovechar todos los laboratorios de nuestro país disponibles y capacitados para realizar pruebas diagnósticas del coronavirus (COVID-19), incluyendo laboratorios veterinarios, para hacer posible la realización de pruebas a gran escala entre la población y recabar información para poder elaborar una estrategia sanitaria, económica y social basada en datos reales.

La iniciativa, suscrita por la portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo, la vicesecretaria del PP Cuca Gamarra, el portavoz adjunto del GPP José Ignacio Echániz y la portavoz de Sanidad del GPP, Elvira Velasco, recuerda que la Organización Mundial de la Salud ya aconsejaba el pasado febrero realizar pruebas diagnósticas a gran escala. Aunque el presidente del Gobierno presume de que España es de los países del mundo que más test realiza, las organizaciones internacionales, los medios de comunicación, miles de profesionales sanitarios y la evidencia de los hechos desmienten sus palabras, y estas todavía no se han realizado.

Dado que España cuenta con gran cantidad de laboratorios hospitalarios, universitarios, y de centros de investigación, y, además, una red de laboratorios de sanidad animal con capacidad para realización de pruebas masivas PCR y Serología pues trabajan con patógenos que requieren altos niveles de bioseguridad, el PP considera esencial utilizar esta infraestructura para conocer la situación inmunológica real de la población, gracias a la realización de test masivos.

Para ello, la PNL insta al Gobierno a trazar, en el menor tiempo posible, un sistema de gestión que incluya un protocolo con la distribución de la población entre esa red de laboratorios, la facilitación de los kits, la identificación, el etiquetado, la recogida de las muestras, el procesado de las mismas, y la comunicación de los resultados tanto a los interesados, como a una Base de Datos dinámica de carácter nacional compartida con cada Comunidad Autónoma que, guardando todos los requisitos de protección de datos, permita conocer con precisión nuestra realidad frente al COVID-19.