El GPP plantea al Gobierno que permita acudir a los huertos particulares o de abastecimiento en todo el territorio español

-El Grupo Popular en el Congreso ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a establecer de forma uniforme en todo el territorio español la autorización y condiciones para desplazamientos a huertos particulares o de autoabastecimiento, a través de la oportuna instrucción a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para el cuidado o la recolección en casos determinados.

Dicha autorización se establecería para labores y recolección en huertos de autoconsumo cuya falta de atención pueda causar pérdidas irreparables, y/o en atención a la situación socioeconómica de la unidad familiar del interesado.

También se podría acceder a los mismos para el cuidado y alimentación de animales considerados casos de fuerza mayor (al amparo del artículo 7.1 del Real Decreto 463/2020). Se trata además de establecer con precisión que la actividad se realizará dentro del término municipal del lugar de residencia, o a una distancia prudencial de éste, de forma individual, para la actividad agrícola necesaria y aplicando las normas establecidas para la protección de la salud y seguridad de los ciudadanos.

En la exposición de motivos de la iniciativa, suscrita por la portavoz del GPP, Cayetana Álvarez de Toledo, el secretario general del Grupo Popular, Guillermo Mariscal, y los diputados Carmen Navarro Lacoba, Tomás Cabezón y Alberto Herrero, se indica que el confinamiento decretado por el Real Decreto 463/2020 y las sucesivas prórrogas de alarma han provocado un modelo de aplicación para todo el territorio del estado que provoca situaciones paradójicas, tales como permitir hacer cola a la puerta de supermercados pero en cambio prohibir el desplazamiento a huertas que no tengan consideración de explotación agraria, aunque constituyen el sustento y abastecimiento principal de muchas familias en el medio rural.

Alrededor del 16,2 % de la población española vive en la España rural, que ocupa el 84,1% del territorio. Un modo de vida diferente pero también un modelo productivo diferente, que ha permitido mostrar, en estos tiempos de pandemia, la resiliencia de los pequeños municipios y también la diligencia con la que han acatado las normas de confinamiento, pensadas en gran medida para la problemática de las grandes ciudades y su modo de vida.

Así pues, los sucesivos decretos de confinamiento para tratar de frenar la propagación de la epidemia del coronavirus han considerado como actividades esenciales las desarrolladas por empresas agroalimentarias en conjunto; sin embargo, esas mismas normas restringen y genera un vacío interpretativo en relación a la libertad de circulación para el acceso a huertas o campos de uso particular o no profesional. Estas tierras o huertos, además de su función para el autoconsumo, constituyen una fuente de ingresos complementarios en el ámbito rural para muchas familias, vía cooperativas o mercados minoristas.

En la actual situación económica se hace más imprescindible la regulación de esta actividad. La situación ha sido solventada de diferentes maneas en las distintas comunidades autónomas: desde la regulación por la Consejería de Medio Rural en Galicia hasta la completa prohibición de desplazamientos en Castilla-La Mancha, caso de Toledo, ocasionando perjuicios irreparables para los propietarios o productores por la pérdida de las cosechas, falta de riego o de otras labores agrícolas que es necesario realizar, pasando por la discrecionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante los desplazamientos para actividades de este tipo en otras provincias de la misma Comunidad Autónoma.

La diversidad de situaciones supone un problema de calado para el autoabastecimiento, pero también plantea una gran inseguridad jurídica para la población y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones. Además, el GPP señala que hay que tener en cuenta que algunas interpretaciones realizadas desde las Delegaciones del Gobierno de Aragón o Extremadura, o incluso desde ámbitos provinciales como la subdelegación de Zamora, territorios todos ellos rurales, despoblados y que sufren dispersión geográfica, han visto como su modo de vida diferente ha sido tenido en cuenta correctamente, aliviando a sus paisanos de tan restrictiva carga confeccionada desde una visión exclusivamente urbana.