El PP llama al consenso para que la Ley de transparencia sea "de todos"

Hoy, en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados

Bermúdez de Castro renueva la oferta de mano tendida a los grupos sobre una norma que viene a llenar "una de las lagunas más significativas del ordenamiento jurídico"

El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, alentó hoy a los grupos del arco parlamentario a consensuar la Ley de Transparencia para que sea "de todos", dada la importancia de esta norma "para el fortalecimiento de nuestra democracia, y porque llena una de las lagunas más significativas que tiene nuestro ordenamiento jurídico en relación con los países de nuestro entorno".

En su intervención en la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas (TdC) en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, el dirigente popular renovó su oferta de mano tendida a los grupos ante la "relevancia y transcendencia" de una ley que "servirá de gran ayuda" al TdC en la función de control de la fiscalización externa de la gestión económico-financiera del sector público, e hizo saber al compareciente que su grupo valorará y analizará la sugerencia de mejoras que éste ha trasladado en su comparecencia en aras de una mayor transparencia.

A este respecto, se dirigió al presidente del TdC a fin de conocer si es posible establecer mecanismos de colaboración o comunicación de información entre el portal del ciudadano y el de transparencia, así como para saber cómo valora las medidas adoptadas por el Ejecutivo en relación con la financiación de los partidos políticos, y que convierten a esta ley "en una de las más exigentes de nuestro entorno".

"¿Qué valoración hace de la Ley de financiación de partidos políticos? ¿Entiende que con ella se mejora la fiscalización y el control de los partidos? ¿Y qué opinión le merece que hayamos otorgado al TC potestad sancionadora directa a los que incumplan sus obligaciones, y elevado el plazo de prescripción de las infracciones más graves de los partidos a cuatro años?", preguntó.

Bermúdez de Castro también se interesó ante el presidente del TdC por si dicho órgano mantiene su compromiso de fiscalizar las cuentas de los ejercicios de los partidos políticos del año 2008 al 2011, y por cómo afecta la tramitación del procedimiento sancionador que regula la Ley de Transparencia a los procedimientos de responsabilidad que se sustancian en este órgano.

Y, para concluir, lanzó una última pregunta. "¿En qué medida esta ley mejorará sustancialmente la labor fiscalizadora del TdC? ¿Es necesario incluir algún aspecto o alguna materia más en el catálogo de información que debe ser objeto de publicación por parte de los órganos de la Administración para que eso sea útil al TdC en el ejercicio de sus funciones?", inquirió.

Por su parte, el diputado popular y portavoz de la Comisión Constitucional, Pedro Gómez de la Serna, abundó en la idea defendida por Bermúdez de Castro acerca de que la Ley de Transparencia debe ser consensuada porque "condicionará el futuro de la vida democrática", y porque se trata de la ley "más importante de la legislatura y ella misma justifica una legislatura".

Durante su intervención, el dirigente popular también habló acerca de las consideraciones jurídicas sobre si el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental al esgrimir que, hasta hoy, "el Constitucional ha inadmitido a trámite todos los recursos de amparo que se han presentado contra denegaciones de acceso basadas en la vulneración en el derecho a la información del artículo 20", por lo que apostó que a la hora de determinar si es un derecho fundamental "no se parta de una opinión ideal, sino de una situación constitucional que nos viene dada".

Finalmente, también solicitó a los comparecientes un criterio alternativo que determine el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia que no sea el del origen de los fondos públicos puesto que de aplicarse éste "se extendería su aplicación al infinito", razón por la que abogó por que "no se hagan leyes de caso concreto sino con criterios objetivos, generales y abstractos que mantengan la objetividad y garantía de la propia ley".