El Grupo Popular presenta sus 15 propuestas de resolución

Las propuestas de los populares destacan la relevancia de la Agenda Social del Gobierno, las nuevas previsiones de crecimiento, la agilización de la Justicia y la lucha contra el fraude, entre otras

El plan integral de apoyo a la Familia y la Ley de Segunda Oportunidad ayudarán a normalizar la situación de los que han asumido un endeudamiento excesivo

El Grupo Popular ha registrado hoy en el Congreso las 15 propuestas de resolución con el objetivo de que la Cámara avale el balance presentado por el Presidente del Gobierno durante la celebración del Debate sobre el estado de la Nación celebrado ayer martes, 24 y que ha concluido hoy miércoles 25.

Con estas propuestas, el Grupo Popular quiere reforzar los anuncios hechos por Mariano Rajoy, como la mejora en las previsiones de crecimiento que este año alcanzará el 2,4%.

Asimismo, las propuestas destacan la rebaja de cotizaciones para nuevos contratos indefinidos con el objetivo de favorecer la creación de empleo estable y de calidad. Para ello, el Ejecutivo pondrá en marcha una tarifa reducida para los nuevos contratos indefinidos que se beneficiarán de un mínimo exento de cotización de 500 euros.

En otra de las propuestas de resolución de los populares, se recuerda que el Gobierno ha impulsado a lo largo de esta legislatura una profunda reforma de las políticas activas de empleo que es necesario culminar y consolidar. Así, considera necesario delimitar un sistema de reparto eficiente de responsabilidades entre las administraciones y agentes implicados en la Formación Profesional para el Empleo.

AGENDA SOCIAL Y SEGUNDA OPORTUNIDAD

La segunda oportunidad es otra de las medidas anunciadas por el Presidente del Gobierno durante el Debate sobre el Estado de la Nación. La recuperación económica debe ayudar a normalizar la situación de aquellos que han asumido un endeudamiento excesivo antes o durante la crisis. Así, el Gobierno adoptará diversas medidas para facilitar el desendeudamiento de las medidas, los autónomos y las Pymes.

En la Agenda Social del Gobierno del PP también está el Plan Integral de Apoyo a la Familia. Así, los populares explican que se ampliarán las ayudas fiscales y se extenderán los cheques familiares de 1.200 euros al año a las familias monoparentales con dos hijos.

El Gobierno del PP, para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional bonificará, durante un año, el 100% de la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes de los trabajadores autónomos que necesiten reducir su jornada por cuidado de hijos menores de 7 años o de personas mayores en situación de dependencia reconocida.

AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA Y PACTO ANTITERRORISTA

Por otra parte, se reconoce la importancia del reciente Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo y la necesidad de que en su desarrollo se trate de alcanzar el mayor apoyo de fuerzas políticas. De la misma manera, el GPP insta a impulsar y participar con el máximo compromiso en todas las iniciativas internacionales para combatir el terrorismo yihadista.

Para la agilización de la Justicia el Gobierno quiere avanzar mediante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, revisar las tasas judiciales y las personas físicas quedarán exentas de tasas judiciales en todos los órdenes e instancias. Además, el Ejecutivo modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dentro de esta propuesta de resolución, el Grupo Popular apuesta por continuar fomentando todas aquellas medidas necesarias para proteger a las víctimas, tanto en la implementación del Estatuto de la Víctima como en la reforma del Código Penal.

LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Respecto a la lucha contra el fraude, el Ejecutivo intensificará el control del mismo, ya sea contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social.  Para ello, reformará la Ley General Tributaria y también la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo, Seguridad Social y Salud Laboral.

En referencia a la nueva regulación de la figura del decomiso, se amplía la regulación a todo el patrimonio del penado que se presuma que deriva directa o indirectamente de las actividades delictivas que desarrolla, e incluso a los bienes que haya transferido a un tercero cuando no pueda acreditarse que lo era de buena fe.

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