El Gobierno simplifica la evaluación medioambiental para que sea más eficaz

Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

Se unificarán todas las normas existentes sobre evaluación y protección medioambiental en una sola ley clara, ordenada y eficaz.

El objetivo de la reforma es garantizar el máximo nivel de protección medioambiental simplificando los trámites administrativos:
- Una regulación ágil y eficaz: la tramitación de los proyectos ambientales pasará de años a meses. El tiempo de resolución de los proyectos de evaluación medioambiental se reduce de 3 años a entre 6 y 4 meses. La dilación de estos proyectos ha provocado que actualmente haya 100.000 proyectos sin resolver que pueden ser rentables para muchos ciudadanos.
- Una regulación rentable: se estima que la reforma genere cerca de 80.000 empleos y 1.000 millones de euros. Porque cuando los procedimientos se simplifican, se pueden desarrollar más y mejores proyectos en menos tiempo.
- Una regulación clara y flexible: favorecerá la información pública a los ciudadanos. Favorecerá que todas las administraciones apliquen el nuevo modelo de evaluación medioambiental adaptándolo a sus territorios.

La reforma da respuesta a las nuevas técnicas y modelos ambientales.
La norma se adaptará a las directivas comunitarias en materia de evaluación medioambiental: no hay una sola exigencia de la UE que no se haya incluido. Integra los efectos del cambio climático y obliga a que la fractura hidráulica o fracking se someta al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria.

Los ciudadanos contarán con mayor seguridad para hacer compras a distancia

El Gobierno reforma el marco legal de consumidores y empresarios para mejorar la seguridad jurídica en el comercio online y telefónico.
Supone un avance importante para evitar los abusos y mejorar las garantías en determinados aspectos de venta de bienes de consumo.

Más información y más clara para el consumidor: El empresario deberá facilitar al consumidor la información precontractual de forma clara y comprensible.

En el caso de Internet, por ejemplo, el ciudadano deberá conocer todos los elementos que constituyen el precio final antes de realizar el pago. También se tendrá que informar claramente de la existencia de la garantía legal y de las condiciones del servicio postventa.