El Gobierno acuerda con las CCAA una postura unida sobre la nueva Política Agraria en Europa

- La aplicación de la nueva PAC deberá proteger la igualdad de todos los agricultores y contribuir a fortalecer el sector agroalimentario español.

Las claves de la postura española

La propuesta de presupuesto para la PAC de la Comisión constituye el mínimo aceptable para España en las negociaciones. 
- El alcance de la Reforma deberá supeditarse al mantenimiento de las dotaciones presupuestarias.

El mantenimiento de losactuales regímenes de limitación de la producción es clave para garantizar la estabilidad de los mercados.

España mantiene que los Estados puedan limitar la superficie sobre la que se apliquen los pagos directos.

La transición a un modelo regional debe limitarse a un porcentaje que permita un cierto reequilibrio de las ayudas, pero que no ponga en peligro determinadas producciones y territorios. 
- El periodo transitorio debe ser lo más amplio posible.

España defenderá la aplicación de criterios flexibles en la aplicación regional del Pago Básico.

El porcentaje del 30% de las ayudas directas destinado al componente verde se considera excesivo y debe reducirse.

Las medidas deben proporcionar beneficios medioambientales pero sin poner en peligro la competitividad y viabilidad de las explotaciones. 
- La superficie de tierras de cultivo sujeta a diversificación debe elevarse y el número de cultivos reducirse.
- El porcentaje de superficie de interés ecológico debe reducirse e incluir como tal los cultivos permanentes, los cultivos bajo agua y las leguminosas.

El pago a jóvenes agricultores debe ser obligatorio.

La ayuda asociada debe ser ambiciosa y flexible.
- Debe extenderse a otros sectores en dificultades con relevancia socioeconómica o medioambiental.

El régimen para los pequeños agricultores es una buena oportunidad para simplificar la gestión 
- Se debería poder incluir automáticamente a los agricultores que cumplan sus condiciones, salvo que se manifestaran en contra.

Es una prioridad disponer de una red de seguridad para el sector agrario, con unas medidas de mercado más eficaces, rápidas y automáticas.

Las medidas relacionadas con la pérdida de confianza del consumidor, deben ser financiadas en su totalidad por la Unión Europea.