"En tiempos de grandes debates, España responde con un gran acuerdo para una reforma con sentido"

Durante su intervención en el Pleno del Congreso para defender la toma en consideración de la propuesta de reforma del artículo 135 de la Constitución, la portavoz popular manifestó que la Carta Magna "nació como un texto vivo, con capacidad de respuesta y de adaptación a las exigencias y retos propios de cada tiempo" por lo que "reformar la Constitución es aplicar la Constitución misma, es ponerla en valor".

Así, la propuesta de reforma debatida hoy "es el resultado de un pacto de un valor trascendental, no sólo económico, sino también político entre los dos partidos con vocación de gobierno" que da respuesta a las circunstancias económicas "que todos estamos viviendo".

Para la portavoz popular, "esta reforma es necesaria, oportuna y responsable", porque la experiencia de los tres últimos años y la convulsión de las últimas semanas han puesto de manifiesto que "los desequilibrios presupuestarios son riesgos inasumibles para el bienestar social".

"A partir de ahora, la estabilidad presupuestaria ya no es una opción, es un deber público, es una obligación constitucional porque es condición indispensable para el crecimiento, la creación de empleo y la sostenibilidad de nuestro Estado del Bienestar". "El compromiso de unas cuentas públicas equilibradas no puede ser coyuntural, sino que ha de ser permanente", añadió.

"No puede depender de la situación económica, ni de las circunstancias políticas. Sean tiempos de bonanza o de crisis, gobiernen unos o gobernemos otros, al final, nadie podrá gastar más de lo que tiene".

A su juicio, la reforma "traslada que somos un país que confía en sí mismo, y en el que los demás pueden confiar". "Nos devuelve un papel de liderazgo en una gobernanza económica seria y exigente. Es, sin duda, una contribución de primer orden a la estabilidad de la Unión Monetaria y Económica".

Un gran acuerdo

"En tiempos de grandes debates, España responde con un gran acuerdo, que ha sido muy bien recibido por la opinión pública internacional" en el que los dos grandes partidos "aparcan sus diferencias para presentar juntos una misma convicción, que la estabilidad presupuestaria forma parte del interés general, por encima de otras consideraciones".

Además, el pacto "da cuenta de la madurez del entramado institucional español, porque implica al conjunto de las Administraciones en un objetivo compartido con el que nos vamos a comprometer".

"Cierto es que no es la única reforma necesaria para volver a poner en pie nuestra economía y devolver la confianza a nuestra sociedad, pero es la primera de ellas, la que sienta las bases de todas las demás, porque es una reforma de principios".

Desde el punto de vista económico, constitucionaliza la estabilidad presupuestaria como guía para la gestión de las cuentas públicas. Desde una perspectiva institucional, refuerza el modelo de Estado sobre la base de los principios de responsabilidad, lealtad y coordinación entre Administraciones. Y, por último, recupera el valor del consenso "para responder con altura de miras a la incertidumbre del tiempo en que vivimos".

En este sentido, la portavoz popular recordó que los efectos negativos que para el bienestar de todos acarrea una crisis fiscal. "Cuando las administraciones se endeudan en exceso y viven por encima de sus posibilidades, generan una cascada de desequilibrios sobre el conjunto de la economía".

"Si queremos ser un país con un crédito sólido, con reputación de deudor fiable, pagar unos intereses razonables por lo que debemos y, con ello, restablecer el flujo de la financiación, de la inversión y de la creación de empleo, sólo hay un camino: la estabilidad presupuestaria".

Desde esta certeza, el Partido Popular ha aportado a la reforma el resultado de una profunda reflexión y el trabajo "que venimos desarrollando desde hace más de un año, desde que, por primera vez, Mariano Rajoy propuso hacer de la estabilidad presupuestaria una exigencia constitucional".

Para hacerla efectiva, la Constitución establecerá límites al déficit estructural anual y al volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones. Esos límites no son aleatorios, pues "nos recuerdan que nuestra economía está vinculada a la Europa del Euro y nos ligan definitivamente a las normas de estabilidad europeas".

Asimismo, la Ley Orgánica que desarrollará el concepto de estabilidad será una de las primeras tareas de la próxima legislatura y "contemplará, los mecanismos para dar efectividad a estos límites y establecer la responsabilidad por su incumplimiento a todas las Administraciones, a todas por igual".

Hacer de la austeridad una obligación política

"Lo que hoy proponemos", destacó Sáenz de Santamaría, "es hacer de la austeridad una obligación política de todos los poderes públicos, de la estabilidad la base del crecimiento económico y del equilibrio presupuestario la certidumbre sobre la que se asiente la recuperación económica de nuestro país y la garantía del bienestar social".

"Porque nada pone más en riesgo el Estado de Bienestar, nada amenaza tanto las conquistas sociales, nada perjudica tanto a los ciudadanos, como unas cuentas públicas insostenibles. No hay política social si no se aseguran los recursos para mantenerla. El resto son promesas vacías para hoy y recortes injustos para mañana".

En su opinión, "esta reforma es un primer paso para devolver la confianza en la economía española, pero también es un paso decisivo para reforzar la confianza en nuestras instituciones". "Lo que planteamos no es menos autonomía, sino más responsabilidad. No se trata de rebajar el poder de los Gobiernos autonómicos, sino de ampliar el compromiso de todos los gobernantes en su ejercicio".

Ello significa que la reforma sirve para reforzar, también, "el principio de lealtad como base de nuestro modelo de Estado". "Lealtad entre todas las Administraciones que forman parte de él, lealtad de las mismas con el conjunto de los ciudadanos que lo mantienen con sus impuestos, y lealtad con las generaciones futuras, para que no tengan que heredar el coste de unas cuentas públicas insostenibles".

Para Sáenz de Santamaría, "la gran virtud política de esta reforma es que nace de un consenso entre los dos grandes partidos nacionales, un compromiso de concordia en el que se siente reflejado el Partido Popular, que responde a nuestra forma de entender la política, desde el diálogo y de la moderación, y del que queremos que se sienta partícipe el conjunto de la sociedad española".

"Por eso", continuó, "queremos abrir este pacto al resto de los grupos políticos, desde la voluntad incluyente que ha hecho posible este acuerdo". "Es intención de mi grupo, como entiendo lo es también del Grupo Socialista, hacer los esfuerzos que correspondan y no escatimar ninguno de ellos, para sumar voluntades a este consenso".

"Traemos una reforma con consenso, con sentido, con una base sólida y de una constatada necesidad y pedimos para su toma en consideración, con total humildad, pero también con total convicción, el asentimiento de la Cámara", afirmó.

En una segunda intervención, Sáenz de Santamaría subrayó, ante las intervenciones de otros grupos parlamentarios, que "el consenso no es bueno según quien lo proponga sino según lo que disponga, y el contenido de esta reforma es imprescindible y necesario para devolver la confianza, garantizar la estabilidad y proteger los derechos sociales". "Ésta es una reforma planteada desde la moderación, y todos aquellos que comparten con el PP esa idea de moderación, creo que pueden sentirse incluidos en este acuerdo", concluyó.

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