La reforma servirá para la agilización de la Justicia Penal, el fortalecimiento de las Garantías procesales, y la regulación de las Medidas de Investigación Tecnológicas

El portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Congreso, José Miguel Castillo Calvín, aseguró hoy, tras la presentación en el Consejo de Ministros del texto del anteproyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que servirá “para la agilización de la Justicia Penal, el fortalecimiento de las Garantías procesales, y la regulación de las Medidas de Investigación Tecnológicas”.

En este sentido el portavoz del PP, afirmó que la finalidad de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “es adoptar una serie de medidas para facilitar la investigación y la tramitación del procedimiento y que nuestros jueces y nuestros fiscales podrán emplear su tiempo de manera más eficaz a los asuntos que presenten una complejidad real en la investigación”.

Además, Castillo Calvín remarcó que esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “nos permitirá mejorar los tiempos de respuesta, así como concentrar los esfuerzos de nuestros tribunales del orden penal en asuntos de especial complejidad y especial relevancia”.

Por otro lado, explicó el portavoz parlamentario “se facilitará la actuación de los jueces de lo penal, en particular de los jueces de la Audiencia Nacional, trasladando al ámbito de nuestra legislación lo que hoy es normal en el ámbito de la investigación”.

En este sentido, el dirigente del PP destacó que los objetivos de esta reforma son: “agilizar la justicia penal, para evitar dilaciones indebidas; fortalecer los derechos procesales; mejorar y facilitar la investigación tecnológica; articular un sistema de doble instancia penal y reformar el recurso extraordinario de revisión”.

AGILIZACIÓN DE LOS MACROPROCESOS

El dirigente del PP explicó que “en la actualidad, nuestro sistema procesal impone a los jueces de instrucción, la obligación de acumular en una sola investigación todas las causas conexas de las que vaya teniendo conocimiento como consecuencia de su investigación, lo cual está provocando la instrucción de macroprocesos de larguísima duración”.

Así, subrayó que “lo cierto es que los ciudadanos perciben que estos macroprocesos de ámbito penal se alargan durante demasiados años y, por lo tanto, sin que se imparta una justicia efectiva”.

“Con la propuesta que hoy ha presentado el Consejo de Ministros, la instrucción de los asuntos complejos podrá seguir su curso, sin necesidad de una concatenación sucesiva de piezas”, explicó Castillo Calvín, quien aclaró que “así los imputados puedan comparecer ante un tribunal en unos plazos razonables”.

Por lo tanto, remarcó el portavoz del PP “se trata de imprimir agilidad y eficacia a las causas, acabando con la sensación de retardo que genera el hecho de que procesos de gran repercusión social permanezcan abiertos durante años sin que en ese tiempo se puedan determinar y finalizar responsabilidades penales”.

En este sentido, señaló que “para contribuir a este objetivo, y para garantizar mejor los derechos del imputado, evitando así que la tardanza en responder no siga siendo, como ocurre ahora, ni una forma de impunidad para el delincuente, ni tampoco una condena pública sin sentencia, para quien no lo es, se establece igualmente un plazo máximo para la instrucción de seis meses. Sólo cuando la investigación resulte compleja, el plazo de duración de la instrucción será de dieciocho meses. Con ello se pretende hacer compatibles las necesidades propias de la labor de investigación con la duración de los procesos”.

Así, indicó Castillo Calvín que “entre otras medidas previstas en este Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para mejorar los tiempos de respuesta y, sobre todo, concentrar los esfuerzos de nuestros tribunales del orden penal en asuntos de especial complejidad y especial relevancia, se encuentra la mejora del sistema de conformidades, de tramitación rápida, para agilizar la tramitación de una parte muy importante del volumen de asuntos que hoy están llegando a los juzgados y tribunales del orden penal”.

MEJORAR Y FACILITAR LA INVESTIGACIÓN

Sobre este asunto, el dirigente del PP explicó que “para superar una de las principales carencias que tiene nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal en este momento, pues es una ley originaria del siglo XIX, se aborda la intervención judicial de las comunicaciones”.

En este sentido, recordó que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, considera que algunas técnicas como la transcripción de conversaciones, la duración de la medida de la intervención, la autenticidad de los soportes de la grabación o la custodia o destrucción de los datos obtenidos, deberían tener una regulación expresa que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal no tiene en este momento”.

Finalmente, el portavoz del PP concluyó que “con las medidas previstas, se facilitará la actuación de los jueces de lo penal, en particular de los jueces de la Audiencia Nacional, trasladando al ámbito de nuestra legislación lo que hoy es normal en el ámbito de la investigación”.