• El Pleno del Senado da luz verde a una moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular en la que solicita al Gobierno adoptar todas las medidas necesarias de apoyo al sector primario español y a aquellos sectores sociales afectados por la gestión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
• El senador del PP Jorge Martínez Antolín pone de manifiesto que este paquete de 10 medidas propuestas por su Grupo llega ante “la incapacidad que tienen para resolver los problemas de los españoles, ya que “a ustedes no les cree nadie”.
• Destaca la “incapacidad” del Ejecutivo para sacar adelante los Presupuestos, pagar las ayudas por la dana, resolver el problema de la vivienda, hacer que funcionen bien los trenes y, mientras tanto, “no van a ser capaces de sacar adelante un plan de aranceles”.  
• En este sentido, el senador por Palencia critica que desde el ministerio que dirige Planas no son capaces de concretar las ayudas ante la crisis de los aranceles. “¿ Cuántas ayudas directas van a dar?”, pregunta, al tiempo que asegura a la bancada socialista que “su paquete de medidas contra los aranceles son avales, préstamos y más endeudamiento para las empresas españolas”.  
• Ante esta situación, Martínez Antolín solicita que apoyen las propuestas del PP que sí han sido consensuadas con los distintos sectores afectados, a la vez que avisa que no cuente con su Grupo “para seguir endeudando a las empresas españolas” 
• Por otro lado, el dirigente del PP recuerda la “gran incoherencia” del Ejecutivo. Mientras ponen en marcha medidas a favor del bienestar animal con un RD, también sacan adelante otro RD “con el que ponen en peligro la vida de los animales al limitar la prescripción de medicamentos a los veterinarios, pero claro, curiosamente ustedes lo niegan”, asevera. 
• Ante esta situación, Martínez Antolín, recuerda como desde la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios registraron un escrito exigiendo la dimisión de Planas, ya que con esta normativa “limitan la prescripción de medicamentos poniendo en peligro la vida de algunos animales, llegando alguno de ellos a morir. Si no apoyan esta moción traicionan al sector”. 
• A renglón seguido, el senador palentino recalca que “votar en contra de esta moción es votar en contra de que se lleve a cabo una investigación sobre la contratación de Jessica Rodríguez en Tragsatec del grupo Tragsa, empresa pública, tutelada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”. 
• Antes de concluir, pregunta a los socialistas si “les parece mal que el Ministerio encargue una auditoría para aclarar todas esas contrataciones que se hacían para pagar favores sexuales y que depuren las responsabilidades correspondientes, algo que todavía no se ha hecho”. 

EL GOBIERNO QUE COMPLICA LA VIDA DEL SECTOR

• Por su parte, el senador por Cuenca Benjamín Prieto, ha lamentado cómo desde el Ministerio que dirige Planas “han minimizado los daños en el sector agroalimentario ocasionados por el apagón, ya que lamentablemente fueron millonarios los daños producidos”.  
• Recalca que desde su Grupo “seguiremos defendiendo y apoyando al sector primario, y los diez puntos de la moción presentada son una muestra”, al tiempo que reclama al ministro que “adopte medidas concretas” para atajar los problemas de competitividad en productos como el aceite, las aceitunas, el vino o el queso.
• En este punto, lamenta que “el Gobierno no ha sido capaz de defender nuestros cereales y estamos ante una grave situación de los productores, que vuelven a exigir que los cereales importados tengan los mismos estándares de calidad y seguridad que a los productos nacionales. No es tolerable que una sola tonelada de cebada esté a 190 euros”.
• A esta situación se suma la competencia desleal que “sufren nuestros pescadores” o “la excesiva carga burocrática” que dificulta la actividad de pequeños y medianos ganaderos e industrias cárnicas.
• Por si esto fuera poco, el senador por Cuenca añade los devastadores efectos de la dana en las explotaciones de agricultores y ganaderos. “Aquí es donde se deben destinar los fondos públicos y operar desde Tragsa y no en contratar a las amigas de los ministros, debiendo para ello, y con urgencia, encargar una auditoría al objeto de revisar todos los procesos de contratación para aclarar las irregularidades y depurar responsabilidades”.
• Por todo ello, Benjamín Prieto pide al Gobierno que deje de “complicar el día a día a los miles de trabajadores del sector agroalimentario” y contribuya como “un aliado más para que nuestras explotaciones sean competitivas y contribuyan a generar riqueza en el territorio y, lamentablemente, son estos y otros muchos problemas a los que se enfrentan día a día.” 

Adjuntamos los puntos de la iniciativa del PP

• 1.- Defender los intereses del sector primario perjudicados por la crisis arancelaria, y en especial a los productos agroalimentarios como el aceite, la aceituna, el vino o el queso, adoptando las correspondientes medidas para ayudar a los afectados al objeto de atajar el problema de la productividad y la competitividad de estos sectores.  
• 2.- Exigir a los cereales importados los mismos estándares de calidad y seguridad que se imponen a los productores nacionales.  
• 3.- Acabar con la competencia desleal que sufren nuestros pescadores impulsando la aprobación de la reforma del reglamento 1026/2012 iniciada por la Comisión Europea que permite adoptar medidas contra aquellos países que no realizan una pesca sostenible. 
• 4.- Establecer medidas de apoyo técnico y económico para impulsar la innovación, digitalización y mejora de la competitividad en todos los eslabones productivos de la cadena agroalimentaria.  
• 5.- Reducir las cargas burocráticas que dificultan la actividad de los pequeños y medianos ganaderos e industrias cárnicas.  
• 6.- Modificar el Real decreto 159/2023, de 7 de marzo, por el que se establecen disposiciones para la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea sobre controles oficiales en materia de bienestar animal, y se modifican varios reales decretos, para equilibrar el bienestar animal con la competitividad del sector ganadero.  
• 7.- Cumplir con la Moción Consecuencia de Interpelación por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la gestión de las ayudas a los agricultores, ganaderos y el sector agroalimentario damnificados por la DANA acaecida a finales del mes de octubre de 2024, aprobada por el Pleno del Senado del pasado 12 de febrero, para que todas las ayudas decretadas lleguen a todos los damnificados sin excepción, impidiendo los casos, como el que está afectando en la actualidad a los regantes y usuarios de la Comunidad General de Usuarios del Camp del Turia y Comunidad General de Usuarios del Canal JúcarTuria, en el que se pretende repercutir todos los costes de las obras de emergencia y reparación por los daños causados por la DANA, que ascienden a cuarenta y cinco millones de euros.  
• 8.- Derogar de forma inmediata el Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, elaborando otro Real Decreto con el consenso de todos los sectores afectados por esta norma, de forma que no limite la autonomía profesional del veterinario, se revise y simplifique la excesiva carga burocrática derogando el régimen sancionador de PRESVET, sustituyéndolo por un modelo que garantice la proporcionalidad de las sanciones y se habilite legalmente a los veterinarios para que puedan dispensar medicamentos de manera similar a la mayoría de países de la Unión Europea.  
• 9.- Apoyar legalmente a los veterinarios, a través de la modificación del Real Decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, reconociendo en dicha Ley, la figura de la cesión de medicamentos (en la terminología Del Real Decreto 666/2023), con destino a los animales bajo su cuidado, de aquellos medicamentos necesarios para la utilización urgente de los mismos, sistema que demostró su eficacia en los casos donde existe un riesgo de interrupción de la continuidad del tratamiento.  
• 10.- Investigar la contratación de Jessica Rodríguez en Tragsatec, del Grupo Tragsa, empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, encargando una auditoría al objeto de revisar todos los procesos de contratación para aclarar las irregularidades cometidas y depurando, en su caso, las responsabilidades correspondientes.