El PP pedirá al Tribunal de Cuentas la fiscalización de Mercasa y Mercasevilla

La diputada popular Fátima Báñez ha anunciado que lo hará "porque ni un euro de dinero público debe estar sin control y no vamos a consentir que se dilapide el patrimonio de todos los españoles"

Durante la sesión de Control, Fátima Báñez ha preguntado a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, cómo valora que la Audiencia Provincial de Sevilla haya apreciado indicios de delito societario en Mercasevilla.

La portavoz adjunta del PP, ha explicado que la Audiencia Provincial de Sevilla avanza en el procesamiento contra el ex director general de Mercasevilla "porque existen indicios con relevancia penal que deben ser esclarecidos".

En este sentido, la portavoz popular ha asegurado que esto "confirma lo argumentado por la juez del caso que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones legales, delitos societarios en su doble vertiente de falsedad de las cuentas anuales y administración desleal o en su caso, de apropiación indebida".

Así, Báñez ha aclarado que la Sepi, a través de MERCASA, tiene el 49% de las acciones de Mercasevilla, es decir, que "depende del Minsiterio de Economía y Hacienda, que está bajo su responsabilidad".

La dirigente del PP se ha preguntado qué ha hecho la vicepresidenta segunda en este asunto. "Salgado ha mirado para otro lado" afirmó Fátima Báñez quién denunció que "con su silencio cómplice ha permitido todo tipo de irregularidades de conocidos socialistas en la gestión de la empresa". ¿Tiene algo que ver que el señor Javier de Paz haya sido presidente de Mercasa", cuestionó la portavoz del PP.

En su opinión, hay "mucha comprensión, por parte del Gobierno socialista, con los administradores que han dilapidado el dinero público" y, a su juicio, "eso podría llegar a ser encubrimiento o dejación de funciones".

Para la portavoz del PP, a lo que se han dedicado es "a pasearse por Sevilla, a cobrar unas dietas y ser cómplices de tanta corrupción".

Así, ha exigido a la vicepresidenta segunda del Ejecutivo "coherencia política", pues "no se puede ser responsable de recortar los suelos a los funcionarios públicos, las pensiones de los mayores o las prestaciones sociales y consentir las tropelías, las corruptelas y el despilfarro masivo de los socialistas en Andalucía".