Rafael Hernando ha pedido explicaciones al respecto de las condiciones y circunstancias en las que se encuentran en la cárcel el principal implicado en "este gravísimo caso de operación de corrupción urbanística, política y social".
En concreto, Hernando ha denunciado cómo Juan Antonio Roca ha disfrutado durante su estancia en la prisión malagueña y en los sucesivos traslados de una celda doble o "adosado" y de un ordenador individual "sin control", todo ello en contra de la normativa penitenciaria y bajo la supervisión de "un alto directivo de su Secretaría General que dejó un puesto de confianza en la Dirección General para pasar a ser director de la cárcel de Alhaurín".
Todo arranca con el traslado de Roca a la prisión de Alhaurín de la Torre el 26 de marzo de 2010, fecha a partir de la cual, como se recoge en una nota del subdirector de seguridad de la cárcel, "se pide para Roca ubicación en el módulo 1 y el desalojo de la celda contigua para ubicar su documentación".
Una situación "sorprendente" a ojos de Hernando pues resulta "insólito que se pongan no una sino dos celdas a su disposición cuando la cárcel dispone de 752 celdas y 1577 internos" o, en otras palabras, "mientras que la mayoría de los internos comparten celda, el señor Roca dispone de un dúplex o adosado para sus papeles".
Del mismo modo, ha denunciado cómo Roca dispuso de un ordenador individual con "mecanismos expresamente prohibidos por la normativa penitenciaria" -como puertos USB, WebCam o Wifi-, sin que durante mucho tiempo se notificara a la Audiencia Provincial de Málaga, sin que se siguiera "el protocolo de investigación y control del ordenador", ya que existía la posibilidad de establecer comunicación con el exterior, y "ocultando una nota de prensa de la propia Audiencia de Málaga" al respecto del terminal y que hoy, dirigiéndose a Gallizo, "usted ha venido aquí a ocultar".
Por último, ha acusado a Gallizo de "mentir" en la Comisión "al mutilar y recortar una nota de la Audiencia Provincial de Málaga que manifestaba su malestar con el intento de la prisión de Alhaurín y su dirección de acusar a la Audiencia Provincial y a su presidente de ser los responsables de estos privilegios". Por todo ello, ha exigido que "se investiguen los hechos, que se aclaren y que se depuren responsabilidades".
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