El GPP pide un nuevo programa de ayudas a la vivienda para las víctimas de violencia de género durante el confinamiento por el COVID-19

Con una Proposición no de Ley en el Congreso

Pedimos un nuevo programa de ayudas a la vivienda para las víctimas de violencia de género durante el confinamiento por el COVID-19
Pedimos un nuevo programa de ayudas a la vivienda para las víctimas de violencia de género durante el confinamiento por el COVID-19

El Grupo Parlamentario Popular ha pedido, mediante una Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Igualdad, que se incorpore al Plan de Vivienda 2018 – 2021 un nuevo programa específico para víctimas de violencia de género con el fin de facilitar una vivienda de acceso inmediato a las víctimas de violencia de género durante el confinamiento que ha sufrido toda la población durante la crisis del COVID- 19.

Para ello, en dicha iniciativa firmada por la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo; la portavoz adjunta, Pilar Marcos; la portavoz de Vivienda, Ana Zurita, y la
portavoz de Igualdad, Margarita Prohens, el GPP propone establecer, dentro de la reestructuración del Plan de Vivienda 2018-2021, un nuevo programa de ayuda a
las víctimas de violencia de género para minimizar el impacto social de la crisis del coronavirus.

El GPP explica que, además de las víctimas, podrán ser beneficiarias de las ayudas de este programa “administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una vivienda a las víctimas de violencia género”.

En cuanto a la financiación de esta medida, los populares destacan que “correrá a cargo de los fondos inicialmente previstos por el Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021, regulado en el Real Decreto 06/2018 de 9 marzo, redistribuyendo los fondos entre programas y en coordinación con las Comunidades Autónomas”.

Además, el GPP recalca que al tratarse de una situación de emergencia, “la solución ha de ser inmediata, eficaz y con la garantía de que sea una solución digna”, lejos de lo que se plantea hasta ahora en el RDL 12/2020, en el que los establecimientos turísticos regulados pueden usarse a este efecto durante una o dos semanas, sin ser una solución digna para una posible víctima ni para sus hijos.

Por ello, el GPP reclama que la solución pase por “establecer un programa específico para víctimas, las cuales se encuentran ahora mismo sin cobertura ante la situación de emergencia creada por el COVID-19”.