Gamarra acusa a Sánchez de incumplir la legalidad y el mandato parlamentario “de manera flagrante” y le exige que convoque ya la Conferencia de Presidentes

Acusa a Sánchez de incumplir “de manera flagrante” el artículo 14 del Real Decreto, de 3 de noviembre, de prórroga del estado de alarma que, bajo el epígrafe Rendición de cuentas, establece un plazo de cuatro meses para convocar la Conferencia de Presidentes. “Dicho plazo expiró el pasado 9 de marzo sin que la misma se convocara, incumpliendo así el mandato de esta Cámara”, subraya

“Seguro que se han acordado perfectamente de este artículo relativo a la rendición de cuentas -continúa-. Lo recuerdan porque ustedes mismos exigieron al Gobierno control y rendición de cuentas. Fuimos muchos los grupos que registramos propuestas de resolución similares a la que finalmente se aprobó. Y más concretamente fue ERC la que registró esta resolución a la que se condicionó la prórroga de seis meses”

“¿No vamos a exigir su cumplimiento? ¿Seremos capaces aquellos que plantearon estas propuestas de no exigirlo ahora? ¿Era un engaño más de Pedro Sánchez? Pero el problema es: ¿vamos a dejar entre todos que nos engañe nuevamente?”, se pregunta

Recalca que tras la cumbre del 26 de octubre de 2020 -un día después de la declaración del segundo estado de alarma tras el comienzo de la pandemia-, la Conferencia de Presidentes no ha vuelto a reunirse, a pesar de los numerosos requerimientos de líderes autonómicos de distintas ideologías y partidos políticos

Señala que “es pertinente” la convocatoria de dicha cumbre “porque siguen siendo necesarias reformas legislativas que doten a las CC.AA. de las herramientas legales para contener la transmisión del virus y proteger la salud de los ciudadanos”. “Porque el virus sigue ahí”, subraya

Afirma que “ya se está convirtiendo en un hecho recurrente para el GPP tener que presentar iniciativas instando al Gobierno a algo tan intrínseco para cualquier demócrata como que cumpla la ley y las resoluciones del Parlamento”. “Una nota distintiva más de Sánchez, cada vez más cercano a sus socios totalitarios de gobierno y más alejado de la democracia parlamentaria”, apostilla

Acusa al Ejecutivo de hacer caso omiso sistemáticamente a la repetida reclamación del PP, casi desde el inicio de la pandemia, de aprobar el plan B jurídico propuesto por Pablo Casado y presentado hasta en dos ocasiones en el Congreso por el Grupo Popular

Como consecuencia de la inacción del Gobierno, afirma que las distintas CC.AA. han ido aprobando leyes propias contra el virus, en unos casos ratificadas por sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia pero en otros casos rechazadas, lo que ha provocado inseguridad jurídica

Asegura que dicha inseguridad jurídica “en absoluto puede achacarse a los tribunales, que ejercen su labor de interpretación de las normas vigentes, sino al abandono de sus funciones y a la absoluta desidia de este mal Gobierno con una pandemia que todavía sigue ahí”

Reprocha a Sánchez que desoiga no solo al Grupo Popular, sino también al Supremo, a las CC.AA., a la doctrina que de forma casi unánime le exige reformas y hasta al propio órgano consultivo superior del Gobierno -el Consejo de Estado-, que en un dictamen de marzo ya reclamaba legislar en este sentido

Subraya que la sentencia emitida ayer mismo por el Tribunal Supremo en respuesta al recurso del Gobierno de Canarias da también la razón al PP “reforzando nuestra insistencia en la necesidad de contar con una ley de pandemias, al establecer que basta una ley ordinaria para limitar derechos, pero que sería ‘deseable’ una específica para la pandemia”

Añade que “no se corresponde con la Constitución la afirmación de que toda limitación de un derecho fundamental ha de hacerse única y exclusivamente por una ley orgánica, sino que es necesario que también se desarrolle a través de legislación, como puede ser una ley de pandemias”

“Hasta el Tribunal Supremo ya les está diciendo que su alternativa a nuestra propuesta de una ley de pandemias promovida e impulsada por Pablo Casado - su recurso de casación al Supremo a nuestro Plan B jurídico-, es una medida ineficaz, lenta y que no va a solucionar un problema general de todo el territorio”

Señala que “uno de los problemas de este Gobierno es que con la misma rapidez con la que inventan términos, en este caso la cogobernanza, es capaz de vaciarlos de sentido y contenido”. “Pura fatuidad terminológica”, concluye