Feijóo exige al Gobierno que “se deje de tibiezas” ante el cierre de caladeros, exhiba unidad, recurra a los tribunales y haga frente común con los países afectados

Hoy, tras mantener una reunión con CEPESCA en Vigo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo

El presidente del PP exige que el Ejecutivo recurra “de forma inmediata” a la vía judicial, que solicite medidas cautelares con suspensión de efectos hasta su resolución y una moratoria para elaborar un nuevo dictamen

Considera “injusta, precipitada y poco transparente” la decisión de la UE de cerrar 87 caladeros de pesca en el Atlántico Norte, que afectaría a partir del 9 de octubre a más de 4.000 tripulantes de un millar de barcos de Galicia, País Vasco, Cantabria, Asturias y Andalucía

Señala que el Gobierno siempre tendrá a su lado al PP en la defensa del sector, pero reprocha que las alegaciones al dictamen por parte del Gobierno han llegado tarde, como ha dicho el comisario: “Si esto es así, es de una gravedad inaudita”

Denuncia que esta decisión, en un momento de tensión inflacionista, con miles puestos de trabajo en suspenso, puede provocar que los europeos tengan que importar pescado y un choque entre flotas pesqueras, “todo ello innecesario”

“Los pescadores españoles llevan décadas e incluso siglos pescando en estos caladeros sin que eso afectase a sus hábitats o a su diversidad”, afirma tras reconocer que es consciente de la necesidad de conservar y proteger los ecosistemas marinos

Reclama al Gobierno que actúe unido en la defensa de los intereses del sector: “Es un problema de país, no de una parte de la coalición”, afirma, en relación al desconocimiento de esta decisión del comisario de Pesca por parte de ministro de Consumo, Alberto Garzón

Destaca que el PP continuará presentando iniciativas en todos los parlamentos, incluido el europeo, donde además se ha reclamado un debate en Estrasburgo sobre el veto a la pesca de fondo, así como se ha solicitado un dictamen a los servicios jurídicos

Demanda al Ejecutivo que estudie y tenga preparadas medidas inmediatas para paliar el impacto del reglamento si entra en vigor el 9 de octubre