La diputada del GPP en el Congreso, Elena Castillo, afirma que “las familias, cualquiera que sea su tipología, juegan un papel fundamental en la evolución de los miembros que la componen, y al tratarse de un marco de desarrollo del individuo a todos los niveles, la familia acaba por convertirse en el elemento socializador básico del ser humano”. Esta iniciativa ha quedado aprobada por 33 votos a favor y una abstención.
En su opinión, “los poderes públicos y la sociedad en su conjunto tienen la obligación de idear instrumentos y ejecutar políticas que persigan garantizar el bienestar de los diferentes modelos de familia, al mismo tiempo que reconozcan la labor fundamental que éstas desempeñan en el mundo”
“A pesar de las mejoras introducidas en la salud, en el acceso a la información y la democratización del saber, la juventud con discapacidad de 16 a 35 años, en España y gran parte del mundo, soporta graves carencias y omisiones que afectan a su desarrollo integral, al ver limitados derechos tan básicos como: la igualdad de acceso a la educación, al empleo, la salud, el medio 4 ambiente, la participación en la vida social y política, la toma de decisiones, la tutela efectiva, la información, la familia, la vivienda, el deporte y la cultura en general, explica Castillo
Destaca que “el 72 % de los jóvenes con discapacidad en edad laboral no tiene empleo ni lo busca. Si bien la razón, en algunos casos, está justificada porque aún se encuentran estudiando, en otros muchos viene dada por elementos como la sobreprotección familiar, que frena el acceso a la formación y al mercado laboral de los jóvenes con discapacidad, así como el desconocimiento y la falta de recursos a la hora de afrontar la búsqueda de empleo; es decir, dudas sobre el tipo de trabajo al que optar, temor, etc.”
Asegura que “los jóvenes con discapacidad precisan de políticas públicas vigorosas, eficaces y eficientes, tanto juveniles como de la discapacidad, para garantizar su igualdad de oportunidades y eliminar o atenuar las desventajas objetivas que puedan impedir o dificultar su plena participación comunitaria y ha de hacerse desde la infancia”
Por todo lo expuesto con anterioridad, Elena Castillo pide al Ejecutivo “impulsar las medidas que sean necesarias para actuar sobre el necesario y especial reconocimiento que merecen aquellas familias que, entre sus miembros, cuentan con algún menor con discapacidad; desarrollar medidas dirigidas específicamente a familias con menores con discapacidad, a nivel económico, psicológico, social, etc., que coadyuven a mejorar la vida de estas; implementar las iniciativas necesarias que eliminen los problemas que los jóvenes con discapacidad tienen, en muchas ocasiones, para acceder a la educación y posteriormente al mundo laboral y, finalmente, derribar las dificultades que los jóvenes con discapacidad tienen a la hora de acceder al ocio, cultura, actividades de tiempo libre, en igualdad de condiciones que los jóvenes sin discapacidad”