Diputados de distintos grupos políticos del Parlamento Europeo reclamarán que no cierre la central nuclear de Garoña

Una representación de los trabajadores se reunió con los eurodiputados del Grupo PPE para solicitar el apoyo a la renovación del permiso de explotación hasta 2019

Diputados de distintos grupos políticos del Parlamento Europeo pactaron este miércoles en Bruselas enviar una carta al presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, para reclamarle que no cierre la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos, España).

Tras una reunión con representantes de los trabajadores de la central -compuesta por los ingenieros Aida Muntión, Rodrigo González, Rodrigo Cuesta y Jorge Sanz-, los eurodiputados acordaron enviar esa misiva para solicitar a Zapatero que reconsidere su posición y que reciba a los trabajadores de la central.

[cita]Inconcebible que se decrete un cierre exclusivamente por razones ideológicas[/cita]La propuesta partió de la eurodiputada socialista húngara Edit Herczog, y fue inmediatamente secundada por el resto de los parlamentarios que acudieron al encuentro, entre ellos los populares españoles Alejo Vidal-Quadras, Agustín Díaz de Mera, Pilar del Castillo y Cristina Gutiérrez-Cortines; así como el conservador británico Gilles Chichester, el escocés Struan Stevenson y el italiano Gabriele Albertini y el búlgaro Vladimir Urutchev, quien además se comprometió a hablar con el Gobierno socialista de su país para que medie ante el Presidente del Gobierno español. También expresó su apoyo la presidenta de la comisión de Industria y Energía del Parlamento Europeo, la alemana Angélica Niebler.

La delegación de trabajadores de Garoña solicitó a los eurodiputados su apoyo para la renovación del permiso de operación de la central, que expira el próximo 5 de julio, durante una década, como afirma el informe técnico favorable del organismo regulador español (CSN), emitido por unanimidad.

En contra de un cierre "por razones ideológicas"

Los eurodiputados coincidieron en que si no existe riesgo alguno de seguridad, como prueban los informes técnicos, es "inconcebible que se decrete un cierre exclusivamente por razones ideológicas", afirmó el eurodiputado abulense Agustín Díaz de Mera.

Para Alejo Vidal-Quadras cerrar Garoña cuando España depende energéticamente del exterior, cuando encabeza la cola del paro de la UE y cuando es el país que más incumple el compromiso de Kioto de reducción de emisiones de CO2 "es como tener un reloj suizo de gran precisión y destrozarlo a martillazos".

"Creo que España en la situación actual no está en condiciones de cerrar Garoña, sobre todo cuando lo que persigue la política energética europea es garantizar el abastecimiento precios módicos para los hogares y cumplir Kyoto", destacó la socialista Edit Herczog, quién recordó que hay otros socialistas españoles -entre los que citó a Felipe González y Joaquín Almunia- que se oponen al cierre.


Por su parte, el escocés Struan Stevenson destacó que cerrar centrales nucleares que están lejos de alcanzar el fin de su vida operacional, como Garoña, "es una posición de dogmatismo político que los europeos deben saber que destruye puestos de trabajo, que dificulta una situación económica ya de por sí grave y que va en contra de los esfuerzos por garantizar el suministro energético con una política de diversificación de las fuentes de energía que sea más sostenible y permita cumplir con los compromisos de Kyoto".

Los trabajadores de Garoña explicaron que en existen suficientes razones técnicas para renovar por una década, hasta 2019, el permiso de operación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña; y advirtieron que el cierre del central afectaría a los 1.000 empleados directos y de las más de 50 empresas colaboradoras en un país como España, que cuenta ya con cuatro millones de parados.

Con el informe del CSN que avala la seguridad de la planta construida en 1971 bajo el brazo, los trabajadores de Garoña recalcaron que la renovación del permiso de explotación durante diez años más "tal y como está sucediendo con centrales similares en otros países no supone en absoluto un caso excepcional", porque además se han efectuado las inversiones necesarias para aplicar las normativas de seguridad actual y que son más severas que las que se exigen en Estados Unidos, en donde centrales similares han extendido su vida operativa hasta los 60 años.