Un importante paso para España en su contribución para el mantenimiento de la paz y en el respeto por los derechos humanos

La portavoz adjunta de Cooperación del Grupo Popular, Valentina Martínez, afirmó hoy que con el Proyecto de Ley de modificación de prohibición total de minas antipersonal, que se amplía de las minas antipersona a las bombas de racimo y armas de efecto similar, “España da un paso importante en su contribución al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y en el respeto por los derechos humanos”.

En este sentido, la portavoz del GPP ratificó que con esta modificación, “queda totalmente prohibido el empleo, mantenimiento, almacenamiento, producción, adquisición, transferencia o financiación de bombas de racimo” y que “la infracción será sancionada de conformidad con el Código Penal”.

En su intervención en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para la aprobación definitiva de la norma, Valentina Martínez recordó que non la aprobación definitiva de la modificación de la ley, “todo está cumplido”. “El Ministerio de Defensa –aseguró- ha eliminado ya sus arsenales de bombas de racimo y nuestras Fuerzas Armadas han realizado en estos años más de cien mil operaciones de desactivación de estas bombas en el Líbano, Afganistán o la antigua Yugoslavia”.

“Ya sólo queda que esta Comisión apruebe, preferiblemente con la unanimidad de todos los grupos, la prohibición total de fabricación de estas armas”, añadió.

La portavoz popular explicó que “se trata de una modificación de la Ley 33/1998 de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar y el añadido es de extraordinaria importancia porque es un paso definitivo para su eliminación en nuestro país y, por lo tanto, un paso más para la erradicación de estas municiones en el mundo”.

Así, aseguró que de esta manera se atiende a una reivindicación histórica “no sólo de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, sino de la mayoría de la sociedad española, siempre comprometida con la defensa de la paz y la estabilidad internacionales”.

Según señaló, “esta Ley amplía y mejora los principios fundamentales de protección a la población civil y el principio de limitación de armas”, pues “no todo debería valer en la guerra” y “el respeto y cuidado de los más débiles en conflicto es una preocupación para la comunidad internacional”.

Valentina Martínez explicó que “las bombas de racimo son en realidad contenedores para varios artefactos explosivos”. “Es una bomba de bombas que neutraliza objetivos por saturación aérea evitando el paso, estacionamiento o concentración de vehículos o tropas”, indicó.

En este sentido, añadió que “el verdadero drama” de estas armas es que “entre un 10% y un 40% de las submuniciones no llegan a estallar en el momento del lanzamiento, quedando latentes sus efectos letales incluso hasta mucho tiempo después de finalizado el conflicto” por lo que “se convierten así en una suerte de minas antipersona”.

Además, advirtió que “son, además, armas tremendamente difíciles de eliminar pues las técnicas de desminado, además de tener un alto coste económico, son complicadas y peligrosas”.

“España no ha utilizado jamás estas bombas en las operaciones en las que ha participado”, subrayó la portavoz popular, quien destacó que “el Gobierno de España, siguiendo el principio de anticipación, se ha adelantado al obligado cumplimiento derivado de la entrada en vigor de esta norma y ya ha destruido todo su arsenal de bombas de racimo, ratificando así su compromiso humanitario”.

ENMIENDAS DEL GPP

Por otra parte, y en relación a las enmiendas aportadas por el resto de grupos parlamentarios, Valentina Martínez señaló que su grupo “no puede aceptar enmiendas que solicitan no colaborar en operaciones con países que tengan este tipo de munición, pues la seguridad de las tropas españolas desplegadas en el exterior es prioritaria y cualquier tipo de acción en este sentido podría poner en grave riesgo a nuestras tropas o a nuestros aliados”.

Asimismo, explicó que el GPP tampoco puede aceptar las enmiendas que piden un aumento en la cuantía de la multa que se infringe por realizar una actividad prohibida por esta ley, “puesto que la norma remite al Código Penal”.

Por último, explicó que los populares tampoco pueden aceptar las enmiendas que solicitan prohibir toda relación financiera con proyectos en cualquier lugar del mundo, “ya que dotaría de un alcance extraterritorial a una ley que pretende ajustar el ordenamiento nacional a las obligaciones asumidas por España en un Tratado Internacional”.

En este sentido, concluyó que “el GPP es partidario de utilizar un marco multilateral para reforzar el compromiso contraído con esta Ley”.