El PP presenta recurso de amparo contra el veto del Gobierno a establecer una línea ICO-Morosidad

El Grupo Popular ha registrado un recurso de amparo contra el veto del Gobierno (el número 81 del Ejecutivo de Zapatero) a una enmienda suya que pondría en marcha la línea crédito ICO-Morosidad

Esta enmienda busca que los Ayuntamientos paguen las facturas a sus proveedores, principalmente autónomos y PYMES, los principales actores de creación de empleo en España.

La portavoz adjunta del Grupo, Fátima Báñez, ha recordado que hoy mismo se ha conocido que la morosidad subió en febrero hasta el 6,190%, la tasa más alta desde 1995. A su juicio, si el crédito y la morosidad galopante son los problemas principales de los emprendedores, "intentemos que el crédito y la liquidez les llegue cuanto antes, de ahí la importancia de que se establezcan medidas que ofrezcan un respiro a pymes y autónomos".

En su recurso de amparo, el PP señala que su enmienda para la línea ICO-Morosidad, presentada al proyecto de ley de agencias de calificación crediticia, no supone ni aumento de créditos ni disminución de los ingresos presupuestarios, en contra de lo que alega el Ejecutivo, por lo que no debería haberse vetado.

En primer lugar, si el Gobierno considera que la aprobación de la enmienda supondría incremento en los créditos presupuestarios, en cuanto se pudiera acudir a la garantía del Estado ante el riesgo de impago, el PP replica en su recurso de amparo que dicha afirmación es "completamente infundada, ya que da por hecho que las Corporaciones Locales que utilicen los recursos facilitados por esta nueva línea vayan a incumplir sus obligaciones no devolviendo los créditos concedidos".

Tras señalar que su enmienda tampoco supondría un sobrecoste para el ICO en concepto de intereses, el Grupo Popular también rebate que su medida tenga un impacto presupuestario negativo en el actual contexto de consolidación fiscal como afirma el Gobierno, e insiste en que su enmienda no supondría en ningún caso un incremento de gasto ni de endeudamiento del conjunto de las Administraciones Públicas, sino simplemente un cambio de titularidad entre diferentes agentes públicos de la deuda reconocida.

Además, advierte el PP que la actual enmienda es idéntica a la presentada al proyecto de Ley de Economía Sostenible, sin que el Gobierno vetara entonces su tramitación.