El PP presenta casi un centenar de enmiendas a fin de mejorar el proyecto de Ley reguladora de la Jurisdicción Social

Las enmiendas más relevantes se dirigen a evitar que la asunción de nuevas competencias por la jurisdicción social se pueda traducir en el futuro colapso de la misma

El GPP en el Congreso ha presentado casi un centenar de enmiendas con el fin de mejorar el proyecto de Ley reguladora de la Jurisdicción Social. Las enmiendas más relevantes se dirigen a evitar que la asunción de nuevas competencias por la jurisdicción social se pueda traducir en el futuro colapso de la misma.

Para el Grupo Popular existe una gran sensibilidad en cuanto a mantener las características de agilidad y rapidez de la jurisdicción social, actualmente sobrecargada por la crisis económica, con despidos y reclamaciones salariales que desbordan los juzgados. 

Así, a fin de equilibrar esta situación, tal y como explica el diputado José Eugenio Azpiroz, los populares proponen medidas que contribuyen efectivamente a agilizar el procedimiento. En particular, introducen el procedimiento monitorio social, procedimiento especial asentado en otros países europeos, que contribuirá significativamente a la simplificación de trámites y plazos en la reclamación de los salarios que se les adeude a los trabajadores. 

En esa dirección de simplificar trámites, el Grupo Popular ha introducido otra enmienda en la que se prevé el trámite conjunto de reclamaciones de cantidad y despido en determinados supuestos. 

Los populares han señalado que aún cuando comparten en buena medida la filosofía del proyecto de Ley, les preocupa, especialmente, la posibilidad de que una vez aprobado como Ley llegue a saturar y colapsar los juzgados. Es decir, les preocupa que la Ley sea inoportuna, además de que puede producir un "efecto llamada". 

Así, el Grupo Popular propone una entrada en vigor, salvo en lo relativo a los expedientes de regulación de empleo que lo harán inmediatamente, que posponga su vigencia hasta dentro de tres años cuando, además, se conozcan los efectos de las leyes de agilización procesal, la Nueva Oficina Judicial, y las necesidades materiales y humanas que la Ley pueda recurrir. A tal fin solicitan del Gobierno remita a las Cortes estudio de la situación dentro de dos años a fin de aminorar los impactos negativos y que la jurisdicción social pueda continuar calificándose como ágil, rápida y eficaz, al menos en los períodos de normalidad. 

Desde esta perspectiva, el Grupo Parlamentario Popular se compromete al leal y riguroso trabajo en el trámite del Proyecto, tanto en ponencia como en comisión, a fin de mejorar esta importante norma.