El PP pide la erradicación de la violencia juvenil y la protección de los derechos de los menores

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha afirmado que se tiene que dar una batalla contra la violencia entre los más jóvenes y que se debe proteger a los menores de manera efectiva

En declaraciones hechas en el Congreso a los medios de comunicación, Alfonso Alonso reiteró la necesidad de reformar la Ley del Menor y denunció la clamorosa falta de medios para que se pueda afrontar la reeducación de los menores que son protagonistas de episodios de violencia o que cometen un delito. Así, recordó el recorte de 570.000 euros en la partida presupuestaria de programas de educación y ejecución de medidas que estaban aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado.

Tras la reunión mantenida con el grupo de trabajo constituido por el PP y presidido por la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría para estudiar la reforma de la Ley del Menor, el dirigente popular explicó que el tema se ha abordado de una manera multidisciplinar, desde reformas legales que afectarían al Código Penal, a la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, a la Ley de Enjuiciamiento Civil y a la Ley de Autonomía del paciente.

Asimismo, señaló que el PP también trabaja en el ámbito social para preparar un plan integral de lucha contra la violencia en los menores y que, actualmente, incluye más de 50 medidas. Dichas medidas se agrupan en tres bloques: la prevención, la rehabilitación y la atención y asistencia a las víctimas.

Respecto a la prevención, el portavoz adjunto del PP destacó que en España debe haber un sistema educativo basado en los valores de responsabilidad, de respeto y de tolerancia y que se reconozca la autoridad de los profesores, se refuerce el papel de los padres y se habiliten los centros educativos para que puedan implementar y desarrollar programas de prevención y concienciación que fomenten estos valores.

También consideró importante que los centros educativos dispongan de códigos y protocolos claros de actuación cuando ocurren sucesos de estas características y que las actuaciones de los centros tengan como prioridad la protección de las víctimas.

Medidas de seguridad para las nuevas tecnologías

En referencia a este tema, Alfonso Alonso apuntó que el PP quiere establecer nuevas medidas de seguridad para las nuevas tecnologías y para Internet, dado que los más jóvenes están teniendo acceso a contenidos violentos a través de la red y también de la televisión sin ningún tipo de control.

En este sentido, propuso excluir a los menores de 14 años de las redes sociales y que, para que puedan acceder los menores de 18 años, se cuente con el consentimiento paterno. Así, planteó la creación de centros de protección de menores on-line para que las redes sociales o los menores puedan remitir allí los correos o mensajes que puedan ser sospechosos.

Por último, el portavoz del PP anunció que tras los trabajos realizados durante el mes de agosto, mantendrán una reunión con las asociaciones de víctimas para poner en común las propuestas. También, apuntó la celebración de un encuentro con los responsables autonómicos populares en otras instituciones y en otros ámbitos. Y, finalmente, la presentación en la Cámara de las propuestas de modificación legislativas que plantea el PP.

Propuestas de modificación legislativas

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Arturo García-Tizón, apuntó que la idea del PP es hacer una doble protección: por un lado al menor y por otro a la sociedad. En este sentido, explicó que el PP está revisando textos legales fundamentales, como el Código Penal.

Precisamente, respecto al Código Penal García-Tizón declaró que la idea del PP es constituir como circunstancia agravante el hecho de la participación de mayores en delitos cometidos por menores. En su opinión, esto podría constituir un elemento de disuasión para la utilización de menores en la comisión de delitos puesto que van a ver agravada su responsabilidad criminal los mayores.

Además, señaló que los populares estudian la posibilidad de agravar la condición del cómplice mayor de edad que participa en la ejecución del delito con el menor, elevándolo a la categoría de autor. Sin embargo, García-Tizón reconoció que esto podría plantear algunos problemas de técnica jurídica, pero aseguró que se está trabajando en ello.

Por otra parte, respecto a la Ley de responsabilidad penal del menor recordó la propuesta incluida en el programa electoral del PP de rebajar la edad hasta los 12 años, distinguiendo entre diferentes periodos de edad, dado que no es lo mismo ni el grado de imputabilidad, ni de responsabilidad, que puede tener un menor de 12 o un menor de 16 años.

En referencia a la Ley de Enjuiciamiento Civil, el portavoz del PP indicó que "nos encontramos casos donde menores que, a efectos de la percepción del delito o de la falta, tienen una mentalización como de mayor de edad, es lo que se llama menores maduros, con los que existen dificultades legales para proceder en algunos casos a la medida de internamiento".

Ley de autonomía del paciente

Por su parte, el portavoz adjunto del PP en la Cámara Baja, Santiago Cervera, propone una modificación de la Ley de Autonomía del Paciente que evite que por una actuación judicial se pueda imponer la obligación de seguir determinados circuitos terapéuticos por parte de los menores.

Además, destacó que la propuesta del PP no es en absoluto discordante, teniendo en cuenta las legislaciones de otros países europeos de nuestro entorno y que el conjunto de propuestas que los populares están desarrollando no sólo tiene que ver con la rebaja de la edad penal, sino con otras facetas importantes del problema como el factor educativo, de reforzamiento de la realidad familiar, que precisamente prevenga de la comisión de determinados delitos por parte de los jóvenes.

En este sentido, añadió que también se está trabajando en la detección precoz, en la prevención y en la rehabilitación de los menores que presenten algún tipo de comportamiento cercano a lo que puede ser la comisión de un delito.

Por último, Santiago Cervera anunció la incorporación de programas terapéuticos acreditados que se desarrollen a medida de las necesidades que se vean en cada uno de los casos.