El PP pide actualizar el reglamento de transporte terrestre para dotar al sector de mayor seguridad jurídica

El diputado del GPP, Jaime Mateu, ha pedido este miércoles en la Comisión de Fomento la adecuación del reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, “previa consulta con los agentes implicados”, a las modificaciones introducidas por la Ley 9/2013, de 4 de julio, “al objeto de garantizar un óptimo desarrollo de esas modificaciones y a fin de avanzar igualmente en la seguridad jurídica”. 

En su intervención con motivo del debate de una iniciativa a instancias del GPP, el parlamentario popular ha querido subrayar la importancia de llevar a cabo dicha modificación, dado que el transporte por carretera en España “representa el principal modo de transporte, tanto de mercancías como de viajeros”. 

Según ha detallado, “fueron los cambios experimentados por el mercado de transporte terrestre de viajeros y mercancías, tanto en el ámbito nacional como en el de la UE, los que aconsejaron llevar a cabo la revisión mencionada, manteniendo el máximo rigor en las condiciones de acceso al mercado de transportes, en la línea de lo determinado por la reglamentación de la UE, y dotando precisamente de mayor capacidad de autogestión a las empresas participantes en el sector”. 

Todo ello ha ido permitiendo la incorporación paulatina de “numerosas novedades” a la normativa española, que Mateu ha enumerado a lo largo de su intervención debido a “su importancia”; a saber: “Encuadrar la actividad del arrendamiento de vehículos con conductor como una modalidad completa del transporte discrecional de viajeros con vehículos de turismo; la inclusión de la figura del operador logístico y la consagración de los principios de libertad, contratación y explotación de las entidades de transporte, salvo en el caso de los servicios públicos de transporte de viajeros de titularidad administrativa; el fortalecimiento de la capacidad de actuación de las juntas arbitrales de transporte; la liberalización de la intermediación en la contratación del transporte de viajeros, sin perjuicio de la regulación de las agencias de viaje; la flexibilización de los límites que separaban la actuación de transportistas y operadores de transporte en el mercado; la reducción de las cargas administrativas para las empresas o el establecimiento de unos requisitos mínimos de equipamiento informático para establecer los procedimientos telemáticos de conexión con la propia administración, al objeto de poder regular todos los aspectos de la tramitación de transportes”. 

Por todas las razones expuestas con anterioridad, Mateu ha querido recalcar la urgencia de actualizar dicho reglamento no solo para dar mayor certeza jurídica al sector, sino también para seguir aplicando y transponiendo las normas y directivas europeas, al tiempo que ha celebrado el hecho de que el Gobierno se encuentre ya trabajando en identificar qué aspectos legislativos deben modificarse, conforme a las prescripciones establecidas en la ley, tal y como el propio ministro de Fomento avanzó en su comparecencia programática al comienzo de legislatura.