El PP denuncia la politización e intervención de la Fiscalía y exige la dimisión de Ortiz tras imponer el “dedazo” de Dolores Delgado

Critica la politización e intervención de las instituciones por parte del Gobierno, que los españoles desterrarán a partir del 23J

Logo del Partido Popular.
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- El PP ha exigido hoy la dimisión inmediata del fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, por lo que considera una “conducta muy grave” tras consumar el “dedazo” de Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos pese al rechazo del Consejo Fiscal.

La diputada y secretaria de Área de Justicia, María Jesús Moro, ha señalado que la convocatoria del Consejo Fiscal para un nombramiento en vísperas de la celebración de unas elecciones generales es una decisión sin precedentes en democracia y ha criticado que, por segunda vez, el fiscal general del Estado haya beneficiado a “su amiga” Delgado para un puesto de estas características, como ya hizo cuando fue nombrada fiscal de Sala de la Jurisdicción Militar.

Para el PP es incomprensible que Ortiz haya consumado este atropello en contra de la mayoría de la carrera fiscal. “Nos oponemos con la legitimidad que ha planteado públicamente el presidente del PP, Alberto Núnez Feijóo, sobre cómo debe actuar el fiscal general del Estado en un sistema democrático y porque el PP no realizará este tipo de nombramientos cuando llegue al Gobierno”.

ATENTADO CONTRA EL ESTADO DE DERECHO

A su juicio, es una falta de respeto a las instituciones, un desprestigio del Ministerio Fiscal y un atentado contra el Estado de derecho porque este nombramiento supone un absoluto desprecio a las reglas básicas de la democracia.

Y es que, según la secretaria de Justicia del PP, con este nombramiento, además, se produce un desprecio a los profesionales que habían presentado su candidatura bajo parámetros profesionales y no políticos y de amiguismo, como ha ocurrido en el caso de la exfiscal general.

María Jesús Moro ha destacado que esta designación supone, desgraciadamente, un ejemplo más de la politización e intervención de las instituciones “marca de la casa del sanchismo”, que ha ejercido el Gobierno en esta legislatura y que los españoles desterrarán a partir del próximo 23 de julio.