El PP denuncia "el inmovilismo y la sordera del Gobierno" para afrontar la reforma de la Ley del Menor

Alfonso Alonso pide a Rubalcaba que "cuando la sociedad tiene motivos para sentir alarma, tanga más sensibilidad y no actúe con un corazón de hielo"

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, denunció hoy la "incomprensible actitud de inmovilismo del Gobierno y su sordera ante un clamor social", y abogó por una reforma de la Ley del Menor ante la sensación de impunidad que perciben los ciudadanos cuando ven en los delitos más graves la absoluta falta de proporcionalidad entre la respuesta sancionadora de la Ley y la gravedad de la conducta criminal.

Durante la Interpelación en el Pleno del Congreso sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para combatir y erradicar la delincuencia en los menores, el portavoz del PP señaló que en el PP "llevamos trabajando mucho tiempo y defendiendo los mismos planteamientos" y que el propósito de su Grupo es abrir un debate sobre una de las principales preocupaciones de los españoles: "el aumento de la violencia entre los menores, por parte de los menores y contra los menores en España".

"Llama poderosamente la atención la paradoja que se está viviendo en nuestro país", explicó Alonso, ya que "hay una creciente contradicción entre lo que la calle percibe y piensa y el discurso oficialmente asentado en las filas del Gobierno". En este sentido, advirtió que "desde el Ejecutivo se nos reprocha que nos hagamos eco de la preocupación ciudadana".

Así, el portavoz del popular puso de manifiesto que el PP no busca en este terreno el desgaste de un Gobierno "que está ya francamente desgastado por la inoperancia de su gestión".

En opinión de Alfonso Alonso el Partido Popular "quiere, sencillamente, responder a un clamor social y proponer soluciones" y pidió a Rubalcaba que "cuando la sociedad tiene motivos para sentir alarma, tanga más sensibilidad y no actúe con un corazón de hielo".

A su juicio, "lo que no es entendible es tener la extraña tesis de que no se puede legislar contra el crimen mientras se produzcan crímenes y sostener que los actos de violencia extrema, que se vienen sucediendo, no deben ser reprimidos con mayor dureza porque se dice que son hechos aislados".

Buscar respuestas coordinadas en todos los ámbitos

En este sentido, el portavoz del PP consideró necesario poner en marcha una estrategia nacional para prevenir y erradicar la violencia en los menores. "La respuesta en los casos de violencia puede ser una respuesta integral, que de un lado implique a la sociedad en su conjunto a padres, educadores, servicios sociales, sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los medios de comunicación", afirmó Alonso.

Por otra parte, indicó, "ha de actuar como un eje transversal que busque respuestas coordinadas en los ámbitos de la educación, del ocio, el uso de las nuevas tecnologías y las respuestas públicas, incluidas las penales".

Así, el portavoz del PP abogó por abordar "de una vez" la reforma de la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor, "porque una de las cuestiones que más alarma e indignación social produce es la sensación de impunidad que perciben los ciudadanos cuando ven en los delitos más graves la absoluta falta de proporcionalidad entre la respuesta sancionadora de la Ley y la gravedad de la conducta criminal".

En su opinión, "la sociedad se siente indefensa cuando menores que han cometido delitos violentos y graves están en la calle sin haber sido reeducados" y, en este sentido, el PP cree que se debe ampliar la duración de las medidas que ahora se imponen para los delitos más graves y el tiempo de prescripción de los mismos.

Asimismo, el Grupo Popular considera imprescindible contar con mayores garantías en la aplicación de las medidas, en especial la libertad vigilada y reforzar la apuesta por la reinserción y la reeducación sobre todo en los más jóvenes.

También el PP pretende que se amplíe el ámbito de aplicación de la Ley a los niños de entre 12 y 14 años para que puedan insertarse en itinerarios de reeducación con tutela judicial, que prevenga conductas más graves en el futuro.

Finalmente, el PP quiere incorporar, también, la perspectiva de las víctimas ampliando su participación y mejorando la protección de sus derechos.