El PP afirma que reconvertir el sistema plural en una forma estricta de monolingüismo resulta empobrecedor

El portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Congreso, José Miguel Castillo Calvín, afirmó que "tratar de reconvertir ahora el actual sistema plural en una forma estricta de monolingüismo en lo judicial, tan rígida y absoluta como la que pretenden, resulta no sólo llamativo y empobrecedor, sino incompatible con el diseño constitucional".

Durante el debate hoy en el Pleno del congreso de la Proposición de Ley sobre el conocimiento de la lengua cooficial y del derecho propio de la Comunidad Autónoma de destino sea considerado un requisito para la prestación de servicios en el ámbito judicial, el portavoz del PP consideró que dicha propuesta revela "una escasa sensibilidad hacia el modelo de cooficialidad lingüística".

En su opinión, "lo cierto es que con la imposición del requisito exclusivo y excluyente de la lengua propia y cooficial en las correspondientes Comunidades Autónomas para Magistrado, jueces, fiscales y por extensión a abogados y procuradores y a cuantos profesionales intervienen en las actuaciones judiciales, pretenden negar los legítimos derechos de quienes libremente optan por el uso del castellano".

En este sentido, el dirigente del PP afirmó que "la cooficialidad se estableció, precisamente, para ampliar el campo de libertad de todos los ciudadanos y en su propio beneficio".

Así, aseguró Castillo Calvín que "si característica tradicional del pueblo catalán, como es bien sabido, es el "seny" - el sentido común-, lo cierto es que esta Proposición de Ley tiene muy poco "seny". La propuesta del grupo Catalán "revela una escasa sensibilidad hacia el modelo de cooficialidad lingüística", añadió.

Para el dirigente del PP, si el mayor interés debe ser el alcanzar la excelencia por parte de todos aquellos que ejercen funciones jurisdiccionales en cualquier parte de nuestro territorio, "no alcanzo a entender, qué aportaría en este sentido las restricciones que plantean".

"Lo cierto es que el ejercicio del derecho de opción lingüística que ostentan los ciudadanos de Cataluña, como los de aquellas CCAA cuyos Estatutos de Autonomía reconocen la cooficialidad de un idioma", indicó Castillo Calvín, "no exige los requisitos que pretenden implantar, pues ya se encuentra plenamente garantizado por el régimen legal y reglamentario que regula la utilización de las lenguas cooficiales ante la Administración de la Justicia".

A su juicio, lo aconsejable sería proponer nuevas medidas que fomenten el conocimiento de las lenguas cooficales y favorecer su racional y progresiva implantación en el ámbito de la Administración de Justicia a través de acciones graduales, diligentes y adecuadas a las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar.

Motivos jurídico-constitucionales
El portavoz de Justicia del PP argumentó que dicha Proposición de Ley desconoce el contenido del articulo 3.1 de la Constitución Española, que sólo contempla como un deber, exigible a todos los españoles, el conocimiento del castellano, que constituye la lengua oficial del Estado y, por lo tanto, de sus órganos e instituciones.

"Deber de conocimiento y derecho de uso", explicó Castillo Calvín "para todos los españoles y en todo el territorio nacional. Deber y derecho constitucionales, elevados al máximo rango normativo; insertos, además, en el título preliminar de la Constitución, aquél en que aparecen los pilares o fundamentos básicos del sistema constitucional que nuestra Norma Suprema establece".

"Cuando el párrafo segundo del artículo 3 CE establece que ‘las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas CCAA de acuerdo con sus Estatutos", ninguna obligación de conocimiento impone, aclaró el dirigente del PP.

Para el portavoz del PP ese conocimiento "no puede convertirse ni directa ni indirectamente en una obligación, bajo forma, como proponen de requisito insalvable".

En segundo lugar, argumentó "también desconoce el carácter estatal y único del Poder Judicial; único Poder del estado que en la Constitución, y a diferencia de lo previsto en relación con los Poderes Legislativo y ejecutivo, no se encuentra abierto a la descentralización territorial".

En efecto, el Poder Judicial es un Poder exclusivamente del Estado, por consiguiente, no existen órganos judiciales de las CCAA, sino sólo órganos judiciales, todos ellos estatales, en las CCAA, puntualizó Castillo Calvín.

En tercer lugar, señaló que dicha iniciativa desconoce el artículo 122.1 de la Constitución Española, que determina que los jueces y Magistrados forman un Cuerpo único -o "nacional", como ha señalado el Tribunal Constitucional.

En este sentido, aseguró que "la propuesta de establecer como requisito obligatorio el conocimiento de la lengua cooficial y el derecho foral en cada CCAA a la hora de acceder a la función pública y de proveer los puestos de trabajo, impide el establecimiento de un régimen homogéneo en todo el territorio y puede llegar a producir discriminaciones lingüísticas".

"Esta homogeneidad debe ser especialmente exigible, dada la movilidad de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y de los miembros del Ministerio Fiscal", apuntó Castillo Calvín.

Por último, indicó el dirigente del PP esta Proposición desconoce la doctrina constitucional asentada en la materia de la que se desprende, por un lado, "que el derecho de las partes a expresarse en las actuaciones procesales en el idioma propio de la CCAA en que las mismas se desarrollan, no tiene como paralelo una obligación de conocimiento de dicho idioma por parte de los Jueces, Magistrados o Fiscales que interviene en aquellas".

Y, por otra que la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de quienes se expresan en aquél idioma no queda afectada en términos peyorativos cuando se utilizan de forma adecuada y por resultar necesario para la impartición de la Justicia, los servicios de interpretación y traducción".

Asimismo, la Proposición de Ley prevé que "los profesionales que intervienen en las actuaciones judiciales - abogados, procuradores y otros-, no puedan alegar desconocimiento del idioma propio de la comunidad donde se siguen las actuaciones, y que, si procede, sean a cargo suyo los gasto de traducción".

Finalmente, Castillo Calvín aseguró que "como abogado en ejercicio puedo decir que a los abogados andaluces, como a los madrileños, asturianos y, en definitiva, a los abogados del resto de España, sí que nos gusta Cataluña y trabajar en ella. Como también nos gusta que los abogados catalanes desempeñen su actividad profesional en los tribunales de nuestra tierra, sin restricciones, limitaciones y sin fronteras impuestas por costes añadidos".