El PP advierte del desmantelamiento de la Administración del Estado en Cataluña

En la Comisión de Función Pública del Senado

Inmaculada Hernandez Rodríguez, durante la Comisión de Función Pública
Inmaculada Hernandez Rodríguez, durante la Comisión de Función Pública

Inmaculada Hernández llama la atención al ministro José Luis Escrivá sobre la reducción de efectivos de la función pública en Navarra, País Vasco y Cataluña

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular de Función Pública, Inmaculada Hernández, advierte de la alarmante reducción de efectivos de la Administración del Estado el último año en Navarra, País Vasco y Cataluña.

En palabras de la senadora, esto responde al “pacto con los independentistas, que lo que se propone es la desaparición de la Administración del Estado”, denuncia en la Comisión de Función Pública del Senado, en la que comparece el ministro del ramo, José Luis Escrivá.

La también portavoz adjunta del Grupo y senadora por Andalucía, aporta los datos que corroboran esta estrategia del Gobierno de Sánchez: en Navarra, 147 funcionarios menos, tras la intentona de sacar de allí a la Guardia Civil de Tráfico; en País Vasco, 386; y en Cataluña, nada menos que 1.993 funcionarios menos en un año. Hernández se fija en otro dato: el 93% de las plazas del SEPE quedaron vacantes en el último concurso en Cataluña.

Ahondando en el asunto, la dirigente popular afea al ministro para la Transformación Digital y Función Pública que el 35% de las vacantes de puestos de trabajo en España están en sector público. “¿Cómo va a garantizar así que cada ciudadano, viva donde viva, reciba en igualdad la prestación de servicios públicos?”, pregunta la senadora popular.

La portavoz adjunta del PP duda de que los “problemas reales” de la Función Pública vayan a ser mejorados en esta legislatura. “Vienen de hacer pleno al 15 en huelgas y reivindicaciones en todos los ámbitos: Seguridad Social, Justicia, Sanidad en Ceuta y Melilla, en Trabajo, policías y guardias civiles”.

Añade que, “están ustedes tan preocupados por mantener los apoyos imposibles de los independentistas y en hacer oposición a la oposición, que no les queda tiempo, ni energía para nada más”, exclama.

“Su Gobierno no se caracteriza por la sinceridad, el trabajo en equipo o por aceptar propuestas que no vengan del independentismo, pero si es usted diferente de su jefe Sánchez, le tendemos la mano para trabajar y resolver los problemas reales de la Función Pública”, afirma.

Sin embargo, la senadora Hernández se muestra escéptica también “por su trayectoria previa” y señala que Escrivá viene de la Administración de la Seguridad Social, donde “su modelo de digitalización la ha dejado con muchísimo más déficit, atascos y con peticiones imposibles, lo que ha llevado a los tres sindicatos – UGT, CCOO y CSIF- a calificarla como ‘Administración hostil’ en un comunicado conjunto”. “Por no hablar de su gestión del ingreso mínimo vital, que ha sido un auténtico fracaso y que el mismo AIReF lo ha tachado de fiasco absoluto”, apunta.

Así las cosas, la portavoz del PP en Función Pública, requiere al ministro respuestas acerca del acceso y la promoción, donde ustedes tienen “interés en aumentar las pruebas de carácter subjetivo, lo que nos pone sobre aviso de la imparcialidad que quieren promover”.

Pide explicaciones sobre “la mayor oferta de empleo público anunciada por su Gobierno días antes de las elecciones” de la que no se sabe nada; sobre la Ley del Estatuto Directivo Público y su deficiente aplicación; y la intención de anteriores socios de Sánchez, de suprimir MUFACE, MUGEJU e ISFAS.

Pide al ministro que trabaje de forma seria para implantar el modelo que necesita la Administración y que dé solución a la carga de trabajo que muchos profesionales independientes se vieron obligados a asumir tras la pandemia, para suplir las deficiencias existentes y que les ha llevado a sentirse “esclavos digitales, obligados a realizar un trabajo que no les corresponde”.

Concluye, criticando la falta de transparencia del Gobierno de Sánchez, con más de 1.200 resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sin atender; así como lo “casi 300.000 empleos públicos ‘ocultos’, que no se habían contabilizado y han aflorado de golpe”.