La Ley garantiza los servicios públicos esenciales

En este sentido, el portavoz adjunto del GPP añadió que "los ayuntamientos de todos los signos y todos los colores han realizado un esfuerzo enorme en estos dos años, y ese esfuerzo, junto con las medidas adoptadas por el Gobierno de España, han permitido que los ayuntamientos que estaban en déficit, hoy estén en superávit".

En su intervención en el pleno del Congreso para la convalidación definitiva del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, Merino agradeció al conjunto de la sociedad española, a los alcaldes y a los concejales, así como a las medidas del Gobierno, que esta disposición "nos esté ayudando a salir de la crisis".

Urgente y necesaria
Por otra parte, el portavoz popular aseguró que existe unanimidad en torno a la Ley. En este sentido, recordó que "la mayoría de Comunidades Autónomas dieron apoyo al texto en la reciente Comisión General de Comunidades Autónomas el pasado 26 de noviembre, además de los miles de ayuntamientos que han manifestado públicamente su apoyo a esta reforma, porque era y es necesario y urgente la misma".

Asimismo, lamentó que "el PSOE, en ocho años, no hizo nada por los ayuntamientos, sino engañarlos en los Presupuestos Generales del Estado, en las liquidaciones y en hacer unos planes que fueron un auténtico derroche económico reconocido por todas las instituciones".

Así, reiteró que "esta Ley es una de las de mayor garantía para el municipalismo español" y que "para hacer política social hay que tener dinero".

Para el portavoz popular, se trata de "una Ley que garantiza los servicios públicos esenciales y por fin ha habido un Gobierno y un ministro que ha sido capaz de aclarar las competencias municipales".

Sin enmiendas del PSOE
Además, Merino consideró "muy triste" que el Grupo parlamentario socialista no haya presentado en el trámite en el Congreso ni una sola enmienda con una idea, y que la única enmienda que ha presentado ponga supresión.

Por último, aseguró que la Ley "no quita competencias a los ayuntamientos" y que con la norma "será el ayuntamiento el que solicite la colaboración de la Diputación, no la Diputación quien le quite al ayuntamiento la competencia".