El GPP presenta una Ley para crear la Alta Inspección Educativa que velará por los derechos educativos de todos los alumnos, incluidos los lingüísticos

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso una Proposición de Ley para crear y regular un Cuerpo de Alta Inspección Educativa del Estado, que velará por los derechos educativos de todos los alumnos, incluidos los lingüísticos, en cualquier lugar del territorio español.

La iniciativa, rubricada por la portavoz del GPP, Cuca Gamarra, dispone que la Alta Inspección garantizará que los alumnos puedan recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado residan donde residan, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

También se encargará de garantizar la neutralidad ideológica de los centros docentes, con el objetivo de presentar a los centros educativos como lugares de aprendizaje libres de adoctrinamiento.

Además, comprobará que los currículos, los libros de texto y el material didáctico se adecuan a las enseñanzas comunes; que estas se imparten con observancia de lo dispuesto por el ordenamiento estatal sobre estas materias obligatorias básicas de los respectivos currículos; y verificará que los estudios cursados se adecuan a lo establecido en la legislación del Estado, a efectos de la expedición de títulos académicos y profesionales válidos en toda España.

Otras competencias, entre otras, que tendrá la Alta Inspección Educativa será comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre las características de la documentación administrativa específica que se establezca con carácter básico para cada nivel de enseñanza; verificar la adecuación del otorgamiento de las subvenciones y becas a que hace referente esta Ley a los criterios generales que establezcan las disposiciones del Estado; y elevar a las autoridades del Estado una memoria anual sobre la enseñanza en las respectivas Comunidades Autónomas que será pública y tendrá que ser presentada en las Cortes Generales.

ACTUARÁ DE OFICIO O POR DENUNCIAS DE PARTICULARES

Los funcionarios encargados de las tareas de alta inspección gozarán de la consideración de autoridad pública y podrán actuar de oficio o por denuncia de particulares por presuntas infracciones.

Cuando encuentre infracciones dará cuenta al Ministerio de Educación, con la propuesta de las actuaciones que correspondan, y si los hechos detectados pueden ser constitutivos de delito tendrá que dar cuenta de ellos al Ministerio Fiscal.

El jefe de la Alta Inspección Educativa, con un mandato de cinco años, será nombrado por el Consejo de Ministros entre funcionarios con más de 15 años de servicio efectivo en las Administraciones Educativas.

Las Cortes Generales podrán recabar su comparecencia para ser informadas de aquellos asuntos para los que fuera requerido, así como los órganos legislativos de las Comunidades Autónomas sobre temas que afecten a su territorio.