El GPP pide al Gobierno que impulse la aprobación del Plan Marítimo Nacional

Hoy, en el Pleno del Senado, a través de una moción que ha sido aprobada por el Pleno de la Cámara

El senador del PP por Burgos y portavoz de Fomento de los populares en la Cámara Alta, Jaime Matéu ha pedido al Ejecutivo, hoy a través de una moción que ha sido aprobada por el Pleno de la Cámara Alta, que "impulse la redacción y aprobación, del Plan Marítimo Nacional con el apoyo técnico especializado del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, en las materias objeto de su competencia, respetando en todo caso las competencias que corresponden a otras administraciones territoriales y sus respectivos planes".

 

Esta aprobación, según contempla la moción, tiene que darse “dentro del plazo establecido por el Real Decreto 1695/2012 por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina”. 

Del mismo modo, la iniciativa aprobada por el Pleno de la Cámara solicita al Ejecutivo “colaborar y prestar apoyo a la elaboración de planes interiores marítimos”.

El senador del PP y la propia iniciativa de los populares recuerdan que el respeto por el medio marino y su protección frente a sucesos de contaminación marina ha tenido, en los últimos años, una importancia cada día más creciente para la ciudadanía, fruto de la percepción general que se da al respeto por el mar como un elemento de desarrollo fundamental de las sociedades modernas, y del valor intrínseco del medio marino como bien público.

Así ha explicado también que esto se ha plasmado en las principales normas de derecho internacional, cuya aplicabilidad afecta al ámbito marino, entre las que cabe mencionar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, del año 1982, que establece que los Estados tomarán todas las medidas que sean necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino.

Del mismo modo, Matéu ha puesto de manifiesto que este mandato general de control de la contaminación del medio marino tiene desarrollo en múltiples regulaciones internacionales de menor rango, entre las que destaca el Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos de 1990 que, entre otras, determinada la obligación de los estados firmantes de "establecer un sistema nacional para hacer frente con prontitud y de manera eficaz a los sucesos de contaminación".

 

IMPORTANCIA DEL REAL DECRETO 1695/2012

Así también, el portavoz popular de Fomento ha explicado que las obligaciones derivadas de la legislación internacional han tenido por fin respuesta a nivel nacional con la promulgación del Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina.

“Por primera vez una norma fija en España un marco general de actuación bajo los principios de coordinación, cooperación y eficiencia en la utilización de medios de lucha contra la contaminación marina, con independencia, además, del tipo de sustancia o sustancias contaminantes, y este es el auténtico valor de este real decreto”, ha dicho el parlamentario del PP.

El Real Decreto 1695/2012 hace pivotar la coordinación en el Sistema Nacional de Respuesta sobre la correcta integración de los distintos planes de contingencia, nacional e interiores en el caso del subsistema marítimo y estatal, territoriales y locales para el subsistema terrestre.

Por otra parte, según versa en el texto de los populares en el Senado, el Real Decreto configura los órganos de dirección y respuesta, y la determinación de las fases y situaciones de emergencia que determinarán la activación de los distintos planes, y asimismo, se fijan los protocolos de comunicación de activación de los planes de los subsistemas dotando a los distintos planes del marco general que permita su correcta coordinación en la práctica.

Para finalizar, el parlamentario del PP ha afirmado que, desde esta perspectiva de planes de contingencia anidados, estos necesitan de una correcta y temprana definición de los planes de mayor ámbito, la cual es necesaria para proceder a la actualización del resto de planes. “Así la disposición adicional primera del Real Decreto 1695/2012 fija un plazo de un año desde la entrada en vigor del mismo para la aprobación de los planes en el caso de las autoridades dependientes de la Administración General del Estado”, ha terminado.