"El Gobierno busca la total, plena e incondicional desaparición de ETA"

El director general de la Policía recuerda que uno de los pilares fundamentales del Gobierno en materia de Seguridad es una política "clara, firme y rotunda" para la derrota del terrorismo

Ignacio Cosidó ha asegurado que "este Gobierno jamás va a negociar con los terroristas, jamás les va a hacer ningún tipo de concesión".

Cosidó ha intervenido hoy en la mesa redonda "Equilibrio necesario. Justicia y Seguridad", moderada por el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, que ha asegurado que "para el Partido Popular Seguridad y Justicia son materias de Estado".

Ignacio Cosidó ha insistido además en que el Ejecutivo no va a permitir la impunidad de los terroristas porque el mayor error que podría cometer la sociedad española es caer en la tentación de dar impunidad a esos terroristas. "Con la ley en la mano, los que han cometido crímenes tienen que pagar por ellos", ha dicho. "El Gobierno tiene la más firme determinación y voluntad para acabar con ETA", ha dicho.

En este sentido, ha destacado también la despolitización de la Policía que ha llevado a cabo el Gobierno popular (se han reducido en dos tercios los puestos de libre designación), así como la apuesta por mantener el orden democrático y la paz social y la elaboración de un plan de lucha contra la delincuencia económica y el crimen organizado.

El director general de la Policía ha concluido recordando que la política de Seguridad del Gobierno va dirigida a hacer "más y mejor España", al tiempo que ha recalcado que el sistema policial, de seguridad y el de justicia tienen que funcionar coordinadamente porque "es imposible que funcionen por separado".

La Ley, garantía de los derechos
Por su parte, el secretario general del GPP en el Congreso de los Diputados, José Antonio Bermúdez de Castro, organizador en otras ocasiones de la Escuela de Verano del PP, ha recordado que desde los orígenes de la democracia es la ley, como expresión de la voluntad popular, el mejor instrumento y la mayor garantía para los derechos individuales. Es la ley la que debe guardar el equilibrio entre libertad y seguridad que debe ser proporcional. A su juicio, la garantía del Estado democrático y de derechos es que haya un equilibrio en el cumplimiento de la ley entre los gobernantes, los ciudadanos y los jueces."La ley a todos nos obliga pero también nos da amparo", ha recordado.

En este sentido ha criticado a aquellos que "invocando el ejercicio de su libertad pretenden impugnar la legitimidad de las instituciones y saltarse la ley". "Conviene que les recordemos que en un sistema democrático la libertad es un valor supremo pero que también hay otros valores, como la seguridad y que cuando se produce un conflicto entre valores, la justicia no es un valor más, es el valor", ha concluido.

Defensa de la Seguridad y la Justicia
El secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García, ha recordado que el principio más importante que defiende la Seguridad es la Justicia que es lo único que hace a todos los ciudadanos iguales. Por eso "el Partido Popular apuesta por la Seguridad porque es la única fórmula de apostar por la igualdad y la justicia".

El dirigente popular ha querido rendir tributo al embajador de Estados Unidos asesinado en Libia. A su juicio su muerte demuestra "la superioridad moral del estado de derecho y de la democracia sobre cualquier entorno terrorista. Sabemos que el precio por defender la democracia y la justicia es que a veces nos maten".

"Dos eslabones que no se pueden romper"
El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana y conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha asegurado que "seguridad y justicia son dos eslabones que no se pueden romper, la seguridad no puede ser efectiva sin justicia y viceversa, y esto es algo muy importante pues supone garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y el principio de legalidad". Para Castellano, "uno de los aciertos más importantes de Rajoy es hacer reformas, pues de las tres erres de la política, ruptura, revolución y reforma, hay que apostar por la reforma, tanto en épocas de crisis como de bonanza".

Castellano ha explicado que "las comunidades autónomas tenemos un papel de colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y además la competencia de coordinación de los policías locales, y en este sentido los ciudadanos lo que quieren es que se solventen los problemas y para eso es clave la colaboración y coordinación de las fuerzas de seguridad, liderados por el Estado, porque el delincuente no conoce de fronteras".

Además ha afirmado que "la Comunitat Valenciana es la comunidad con mayor ratio de policías locales por cada mil habitantes. En los ayuntamientos de menos de 5.000 no hay obligación de tener policía local pero en la Comunitat Valenciana el 46% de las delegaciones de policía local están en pueblos de menos de 5.000 habitantes, un dato que demuestra la apuesta de la Comunitat Valenciana por la seguridad".

El conseller de Justicia y Bienestar Social de la Comunitat Valenciana, Jorge Cabré, ha señalado que "la Justicia está en un momento complicado porque durante los 7 años de Gobierno socialista no se hizo nada en esta materia por lo que es importante que el PP, desde el primer momento, haya adoptado con valentía las reformas que hacen falta".

Cabré ha recalcado que "en materia de Justicia existe cada vez mas cooperación internacional, pero de cara al interior tenemos una Justicia poco modernizada, no estamos donde debería estar un país como España, por eso es tan importante el impulso reformista del ministerio". "Nos encontramos con una Justicia en el interior de España que no coopera, que utiliza sus propios sistemas y está aislada en 17 reinos de taifas" ha subrayado.

Para Cabré, "la justicia es un poder del Estado y hay que plantearse como se ha permitido que cada comunidad autónoma haya ido por su cuenta con un sistema de organización distinto. Desde la Comunitat Valenciana somos leales con el Estado y no queremos que el poder judicial recaiga en cada comunidad autónoma, queremos las competencias que nos marca la Constitución y un poder judicial central del Estado que es el que marca la línea a seguir y adopte decisiones, si no impulsamos esto y resolvemos esta cuestión, habremos perdido otros cuatro años".

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