En la Comisión Mixta para la UE
La portavoz del PP en la Comisión Mixta para la UE, Milagros Marcos, reclama al Gobierno que exija a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados que las estrategias de injerencia y debilitamiento contra la UE sean investigadas y tengan consecuencias
También reclama que nuestro país no abra la puerta a injerencias extranjeras por incumplir con sus obligaciones europeas en materia de seguridad tecnológica, y que la Cámara exprese su respaldo a las investigaciones europeas sobre filtraciones de información sensible
Recalca que “la defensa de Europa empieza en cada Estado miembro”, y advierte de que el espacio para la injerencia se multiplica con el Gobierno de Sánchez, dado que “no hay Estado de derecho sólido, el poder judicial es cuestionado, las instituciones de control son colonizadas con criterios partidistas y las empresas públicas son instrumentalizadas políticamente”
“Los objetivos de estas injerencias son claros y están interconectados: obstaculizar la adhesión de Ucrania a la UE, bloquear o ralentizar acuerdos estratégicos europeos, polarizar el debate público, erosionar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, generar dependencias tecnológicas, energéticas y económicas que limiten la autonomía estratégica de Europa, interferir en procesos electorales para conseguir gobiernos afines o débiles y con fisuras para interferir, y minar la fortaleza de la UE”, afirma
En relación con la seguridad europea y el caso Huawei, “en el que España ha puesto en riesgo la seguridad de la Alianza”, y sobre el papel jugado por el expresidente Zapatero en operaciones también vinculadas al régimen venezolano, avisa de que, de confirmarse todas las sospechas, “estaríamos ante la posible penetración de intereses vinculados a regímenes autoritarios en decisiones con impacto directo sobre la seguridad tecnológica de España, de la Unión Europea y de la OTAN”
Por su parte, el diputado del GPP Joaquín Melgarejo reclama al Gobierno una Estrategia Nacional específica para la prevención, control y reducción de sustancias contaminantes en el agua, toda vez que la UE ya ha marcado el camino y que la Comisión Europea acaba de advertir que, si no se actúa con rapidez, el coste económico de las mismas sobre el medio ambiente podría alcanzar los 440.000 millones de euros antes de 2050
Pide “una estrategia nacional, una evaluación rigurosa de impactos, una comparación con las mejores prácticas europeas y una apuesta decidida por reducir la contaminación en origen, pues la solución pasa por evitar que esos contaminantes lleguen al agua”
Agrega que “resulta especialmente llamativo que un Gobierno que presume constantemente de liderazgo climático y de compromiso ambiental permanezca inmóvil ante uno de los desafíos regulatorios más relevantes que afrontará Europa en materia de agua durante la próxima década”
“Proteger la calidad del agua no es una opción, sino una obligación con nuestros ciudadanos, con nuestro medio ambiente y con las generaciones futuras”, subraya
