El VII Congreso de la Organización de Naciones Unidas (ONU) celebrado en Hilan, en 1985, definió el término víctimas de delito como “las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal en los Estados miembros, incluida la que prescribe el abuso de poder”.
Es desde este concepto en el que asienta sus pilares el Anteproyecto de Ley del Estatuto de la Víctima de Delito y también desde el cumplimiento del compromiso del Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, hacia todas aquellas personas que han sufrido todo cualquier tipo de vulneración de sus derechos por acciones de terceros consideradas como delito en nuestro país, que han sufrido daños físicos o psicológicos y que necesitan toda la ayuda y la protección que seamos capaces de darles desde que sucedió el hecho delictivo que marcó sus vidas para siempre.
El Gobierno ha querido también ir más allá y legislar a través de este Estatuto los derechos para las víctimas de ciertos tipos de delitos que, hasta ahora, no contaban con una regulación específica por lo que este nuevo documento legislativo también incluye a las víctimas de abusos sexuales, explotación infantil y pornografía infantil y a las víctimas de trata de seres humanos, otorgando a todos ellos una protección especial que hasta el momento no existía legalmente.
Y quiero hacer hincapié en la sensibilidad del Gobierno porque el nuevo texto legislativo considera a las víctimas de cualquier delito, sea cual sea la naturaleza del perjuicio físico, moral o material que haya sufrido y también porque incluye no sólo a las víctimas directas sino también a las víctimas indirectas como familiares y asimilados en los supuestos de fallecimiento o desaparición de la víctima directa. Además, el Gobierno, cumpliendo así otro de sus compromisos, ha querido incluir de forma específica a los hijos menores y los menores sujetos a tutela, guarda y custodia de las mujeres víctimas de violencia de género y doméstica, que tendrán el mismo derecho a ser beneficiarios de las medidas de asistencia y protección que ellas.
Como amplio es también el objetivo principal del Estatuto de la Víctima del Delito, con el que el Gobierno de España quiere garantizar la información, asistencia, protección y apoyo a las víctimas no sólo a nivel legal ofreciéndoles un único texto legislativo que engloba todos los demás, con lo cual sólo tendrá que consultar el Estatuto y no recurrir a varias normas, y reduciendo también los trámites innecesarios, sino además y lo que es también, sin duda, muy importante: atendiendo sus necesidades desde una dimensión más humana y personal, con evaluaciones individuales que den la respuesta adecuada a cada víctima y a cada caso teniendo en cuenta sus circunstancias personales y tomando en cuenta sus opiniones y necesidades.
Con la aprobación del Estatuto de la Víctima del Delito, el Gobierno de España da cumplimiento así a la Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, apoyo y protección de las víctimas y ha querido hacerlo con la mayor rapidez posible, adelantándose en un año al plazo que contempla esta normativa para su transposición fijado en el 16 de noviembre de 2015 y ampliando las normas por encima de los mínimos que establece la directiva comunitaria.
Pero, sobre todo, el Estatuto de la Víctima del Delito es una norma hecha desde el cariño, el respeto y la solidaridad con todas las víctimas, sea cual sea el delito que les cambio la vida y hecha no sólo desde el punto de vista legal sino desde la humanidad y desde el apoyo a todas esas personas que han sufrido las consecuencias de un acto delictivo que, por esa causa, en muchos casos, han quedado marcadas para siempre. Seguramente la Ley no pueda remplazar todo aquello que cada víctima perdió pero lo que sí que quiere conseguir el Gobierno con esta Ley es que sobre todo y ante todo las víctimas sepan que no están solas.
Mª del Carmen Quintanilla Barba
Presidenta de la Comisión de Igualdad