Esta propuesta incluye el cuidador familiar, los centros de día y las residencias, tal y como contempla la Ley de Dependencia, haciéndose extensivo progresivamente al resto de Comunidades Autónomas.
De este modo, el PP también exige que se introduzcan las modificaciones necesarias en el Sistema de Financiación de la Ley de Dependencia, con el fin de elevar los niveles mínimos de financiación del Estado para cada nivel de dependencia.
Sainz ha mostrado su satisfacción tras la aprobación de esta iniciativa y ha lamentado que el grupo socialista se haya mantenido al margen, y haya votado en contra de que se cumpla la Ley.
María Jesús Sainz ha resaltado el "esfuerzo incuestionable" que está realizando la Xunta de Galicia, que ha inyectado 100 millones de euros a través de dos planes concretos: Un Plan de Choque dotado con 27,7 millones de euros para agilizar más de 5.000 expedientes, casi todos ellos correspondientes a grandes dependientes; y un Plan extraordinario de 67 millones para pagar atrasos.
En su opinión, "en el ámbito de la atención a la dependencia, la Xunta de Galicia ha incrementado sus esfuerzos hasta el límite de sus capacidades". Así, recordó que la partida presupuestaria para el ejercicio de 2010 tiene una asignación de 239 millones de euros, con un incremento global de 74 millones.
A pesar de todos estos esfuerzos presupuestarios, María Jesús Sainz ha señalado que "no es suficiente para alcanzar los niveles y ratios aconsejados y deseados por la Comunidad gallega, que aspira a garantizar unos niveles mínimos de calidad de vida y bienestar para todos sus ciudadanos".
Por ello, la senadora del PP por A Coruña ha insistido en la necesidad de que la Administración del Estado haga un esfuerzo, recordando que en el año 2009 la Xunta aportó 379,4 millones de euros para la atención de la dependencia, frente a los 138,6 millones del Estado.
Sainz ha recordado que la Ley de Dependencia ha pasado de ser el "buque insignia de Zapatero" a convertirse en una muestra más de sus incumplimientos, porque no responde a las expectativas generadas entre los ciudadanos. En su opinión, "la financiación de la Ley de Dependencia es un problema de gran magnitud que afecta a todas las CA. y, por ello, es urgente solicitar un compromiso del Gobierno del Estado con el desarrollo y aplicación de esta Ley, y eso pasa por dotar a Galicia y al resto de las CCAA de los recursos que posibiliten su aplicación".
La senadora popular, que ha señalado que lo que reclama la moción ya lo reivindicaron en su día el propio presidente de la Xunta de Galicia y su Conselleira de Traballo e Benestar, ha indicado que "no se puede aprobar una ley donde se reconocen unos derechos a muchas personas y después desentenderse de los recursos para poder aplicarla y dejarla en manos de las CC.AA., y por ello reclamamos que pague el 50% que le corresponde".
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