El PP pide que el Plan para la protección de la costa cuente con una participación pública real

A través de una moción registrada en la Cámara

El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Popular y senador por Castellón, Vicente Martínez Mus
El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Popular y senador por Castellón, Vicente Martínez Mus

Los senadores Vicente Martínez Mus y Juan Juncal exigen la participación de los ayuntamientos costeros y los sectores económicos ligados al litoral

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha pedido al Gobierno, a través de una moción registrada en la Cámara para su debate y votación en la Comisión de Transición Ecológica, que abra un proceso de participación pública real respecto al “Plan estratégico Nacional para la protección de la costa española considerando los efectos del cambio climático”.

Así, la iniciativa presentada por los senadores populares Vicente Martínez Mus y Juan Manuel Juncal, propone que participen en dicho Plan las entidades representativas de los sectores económicos ligados a la costa, las asociaciones vecinales enfocadas a la temática del litoral y a todos los ayuntamientos costeros de España.

Los senadores del PP han denunciado que el Plan estratégico “se está diseñando sin la participación de los actores que perciben el litoral como un entorno económico, un hábitat humano y un recurso turístico”, al tiempo que han reprochado al Ejecutivo que no cuente con las aportaciones de los ayuntamientos costeros.

Además, Martínez Mus y Juncal han criticado que la única actuación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sido aprobar la modificación del reglamento de la Ley de Costas, a través del R.D. 668/2022, que ha generado el rechazo de asociaciones y ayuntamientos porque incluye “arbitrariedades a favor de la administración y en contra de los derechos de los ocupantes de la costa”.

En este sentido, los senadores del PP han afirmado que el nuevo reglamento de la Ley de Costas contiene propuestas “arbitrarias e injustificadas, cuando lo que se necesita es una mayor protección de la costa y no incrementar las limitaciones de los ocupantes”.


La moción del Grupo Popular también insta al Gobierno a:

1. Aprobar, para las zonas respecto de las cuales no se hayan aprobado hasta la fecha, estrategias territoriales concretas, con detalle de las actuaciones a desarrollar en caso de ser necesarias, para evitar o paliar el efecto regresivo que sobre nuestras costas causa el cambio climático.

2. Solicitar que cada una de las estrategias que se hayan aprobado o se vayan aprobando, incluyan un calendario concreto de actuaciones graduadas temporalmente de acuerdo a la urgencia diagnosticada en las propias estrategias.

3. Destinar, con las posibilidades de los Fondo de Recuperación Next Generation, los fondos necesarios para llevar a cabo tanto el diseño de las estrategias como su implementación en el periodo más breve posible.

4. Efectuar, en tanto no se ejecutan las obras de protección y regeneración necesarias, cuantas actuaciones sean convenientes para mantener en perfecto estado de uso y conservación nuestras playas con las obras de mantenimiento, conservación y reparación que se requiera para que cada temporada se mantenga la mayor excelencia posible de nuestro litoral.

5. Modificar la redacción del Reglamento de la Ley de Costas vigente tras la aprobación del RD 668/2022 de 1 de agosto eliminando los cambios producidos que aumentan la arbitrariedad en los deslindes y en los otorgamientos de las concesiones administrativas en dominio público de forma que se atiendan las alegaciones que se efectuaron en el proceso de participación pública abierto en diciembre de 2021.

6. Suspender cualquier trámite que conlleve medidas restrictivas de derechos en aplicación de las novedades reglamentarias operadas tras la reforma del Reglamento en tanto no se efectúa lo previsto en el punto anterior.

7. Iniciar un proceso de reforma de la vigente Ley 22/1988, de 28 de Julio de Costas que permita mejorar la conciliación entre la protección del dominio público marítimo terrestre con los derechos consolidados de los ocupantes y el reconocimiento del valor etnológico, cultural e histórico de los núcleos de población costeros tradicionales para otorgarles protección.