El PP pide la modificación del RD 8/2020 para permitir la continuidad y supervivencia de las startups y nuevas empresas en España

En el debate de una moción en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Pablo Pérez en el Senado
Pablo Pérez en el Senado

Pablo Pérez ha recalcado que la moción pide “permitir la entrada de capital extranjero en empresas no cotizadas, y volver a la Ley 19/2003”

“Esta propuesta está dirigida para aquellas compañías incipientes, que están arrancando su negocio, a las que el Gobierno no deja de poner palos en las ruedas”

“El RD 8/2020 se ha convertido en una medida permanente para otorgar al Gobierno el poder de decidir quién invierte y quien no en España”, ha lamentado Pérez

El portavoz de Empresa del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara y senador por Segovia, Pablo Pérez, ha pedido al Gobierno, a través de una moción, debatida en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, “la modificación de la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo, que suspende la liberalización de inversiones extranjeras y se limitan para sectores estratégicos, estableciendo, en dicha modificación, un criterio de no aplicación a empresas que no coticen en bolsa, permitiendo así la continuidad y supervivencia de las startups en España”. El portavoz de Empresa del GPP ha asegurado que, como primer paso y para evitar la descapitalización de las empresas no cotizadas y startups, “instamos al Gobierno a que no aplique a estas empresas, la suspensión de la liberación de inversiones extranjeras”. Así, Pérez ha explicado que la moción busca permitir la entrada de capital extranjero en empresas no cotizadas, y volver a la Ley 19/2020 que permite, con algunos requisitos, la libertad de entrada de inversores extranjeros; “pero no serviría de nada si el Gobierno no es capaz de mantener los principios esenciales para generar confianza a los inversores: mantener un marco jurídico e institucional estable”. A lo largo de su intervención, Pablo Pérez ha puesto de manifiesto que, “desde el PP hacemos esta propuesta dirigida para aquellas compañías incipientes, que están arrancando su negocio”; a las cuales, el Gobierno durante la peor crisis económica que está viviendo nuestro país, “no deja de poner palos en las ruedas; debido a la inseguridad institucional, a lo que hay que sumar la inseguridad jurídica, a través de normativas que vetan la inversión en nuestras empresas”, ha remarcado. En este sentido Pérez, ha afirmado que los inversores necesitan eficacia en las medidas sanitarias, seguridad institucional, y un marco jurídico estable, como elementos básicos para que confíen en nuestro país, a la hora de invertir y “el Gobierno está haciendo justamente lo contrario, poniendo a nuestra economía a la cabeza de la caída y en la cola de la recuperación”.

PROBLEMA QUE CREÓ EL GOBIERNO

En otro punto de la defensa de la moción del PP, Pablo Pérez ha lamentado que este problema para la atracción de capital extranjero, para atraer inversión de capital a las startup, “lo creó el Gobierno en el Real Decreto 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto del Covid 19, el cual modifica la Ley 19/2003, sobre el régimen jurídico de los movimientos de capitales”. Así, ha detallado que esto afecta a todas las inversiones realizadas por residentes de fuera de la Unión Europea, en las que el inversor pase a formar parte de una participación igual o superior al 10% del capital social de la empresa española. “Y si bien, en principio esta modificación era de carácter temporal, excepcional, y transitoria; otro, el Real Decreto 11/2020 de medidas urgentes complementarias, suprime este carácter temporal, modificando la redacción original”, ha puesto de manifiesto Pérez. “Se ha convertido en una medida permanente para otorgar al Gobierno el poder decidir quién invierte y quien no en España”, ha denunciado del senador del PP.

Para terminar, Pablo Pérez ha querido dejar muy claro que la acción del Gobierno en nada está ayudando a nuestra economía ya que “de nada servirán los ERTE, si el propio Gobierno es quien cuestiona nuestra Constitución; de nada servirán los créditos ICO, si es el propio Gobierno el que está lanzando ataques a la Monarquía; de nada servirán las ayudas a los principales sectores económicos, si los miembros del Ejecutivo atacan al Poder Judicial; de nada servirán las ayudas a los autónomos, si es el Gobierno quién ataca la credibilidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado”.