El PP pide eximir del pago de peajes a vehículos de personas con discapacidad

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado, en el Registro de la Cámara, una Proposición de Ley para su debate y votación en Pleno, relativa a la modificación de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, “para eximir del pago de peajes en las carreteras a vehículos de personas con movilidad reducida que los utilicen para sus desplazamientos”. 

El texto registrado por los populares en el Senado así lo solicita con la siguiente redacción: “Estarán también exentos del pago de peajes los vehículos privados no destinados al transporte colectivo de viajeros que transporten o sean conducidos por personas que sean titulares de una tarjeta de estacionamiento, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y eso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. Asimismo, tampoco estarán obligados al abono del peaje los vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad, cuyos propietarios sean titulares de una tarjeta de estacionamiento de acuerdo con los prescrito en el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre” 

La portavoz de Discapacidad del GPP, Violante Tomás, ha señalado que la libertad de circulación y de desplazamiento, que son derechos fundamentales, “no está plenamente garantizada para las personas con discapacidad, en especial, para las que presentan reducciones de movilidad”. 

En este sentido, la portavoz popular de Discapacidad ha puesto de manifiesto que, “pese a los esfuerzos llevados a cabo en las últimas décadas por los poderes públicos, los operadores económicos y la sociedad civil, y la legislación internacional, europea y nacional, aún son considerables las carencias que presenta el transporte, tanto público como privado, desde la óptica de la accesibilidad universal. 

Por esto, la senadora popular por Murcia ha asegurado que en tanto que el horizonte de un transporte universalmente accesible no sea una realidad en España, “es responsabilidad de las autoridades públicas promover y adoptar medidas de acción positiva que favorezcan a las personas con discapacidad para poder ejercer su derecho a la movilidad en su más amplia extensión”. 

Para terminar, Violante Tomás ha señalado que “así lo viene reclamando la sociedad civil articulada en torno a la discapacidad y el GPP así lo plasma en esta iniciativa, en atención a motivos de interés público o utilidad social, como en este caso, para las personas con discapacidad”.