El PP denuncia que el feminismo del Gobierno margina a 2.000 funcionarias de prisiones

La diputada popular Blanca Fernández-Capel censura que en aras de una "pretendida igualdad" muchas mujeres se vean obligadas a trabajar con internos en módulos de varones

Blanca Fernández-Capel se ha opuesto de manera tajante a la "marginación, discriminación y avasallamiento" a la que se han visto abocadas 2.000 funcionarias de la Escala Básica Femenina de Prisiones en aras del "supuesto feminismo" del Gobierno.

En el debate sobre la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres con la finalidad de mantener la escala masculina y femenina del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, la parlamentaria del PP lamentó los efectos sobre este colectivo de la "pretendida igualdad" del Ejecutivo, que las lleva a ejercer sus funciones en módulos de internos varones.

La iniciativa del PP "se hace eco" de esta manera de las peticiones de un colectivo que reclama, según ha expuesto Fernández-Capel, poder elegir si continúa ocupándose de las funciones con las que accedieron a su puesto de trabajo o si se integran a las funciones reservadas en un principio a los hombres y, por tanto, "a no verse obligadas, como sucede en muchas prisiones, a estar con internos en módulos de varones".

En defensa de esta iniciativa, Fernández-Capel ha reclamado "apoyo" para este colectivo y confió en que "el Poder Judicial proteja sus derechos cuando desde el Legislativo, para dar imagen de un supuesto feminismo, se marginan los derechos de muchas mujeres". Las funcionarias de la Escala Básica Femenina del Cuerpo de Prisiones mantienen un contencioso con el Gobierno para que, en virtud de los derechos por el que se incorporaron a dicho cuerpo, no sean obligadas a ejercer sus funciones en módulos de internos varones en base a la Ley de Igualdad.

La intención del PP, ha explicado la diputada popular, no pasa por la supresión de la escala unificada sino por el reconocimiento de los derechos a estas funcionarias, que vienen avalados por dos sentencias judiciales -una de la Audiencia Nacional y otra del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)-, y que encuentran también amparo en el informe favorable del Defensor del Pueblo y en diversos artículos de la Constitución.