El PP defenderá el mantenimiento de las ayudas al sector del automóvil

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 27 de abril de 2010, por un sólo voto de diferencia, dos proposiciones no de ley del Partido Popular y de Convergencia i Unió (CiU) que reclamaban la prórroga durante este año del Plan 2000E de ayudas directas a la compra de vehículos, una vez que se agotasen los cien millones de euros presupuestados por el Gobierno.

El Gobierno, una vez más despreciando al Congreso, no sólo no ha cumplido lo acordado por el Congreso, que supone una rectificación de su política, si no que hace una semana en el Pleno del Senado del 8 de junio el ministro Miguel Sebastián manifestó de nuevo su negativa a prorrogar las ayudas.

Hay que recordar que en países de nuestro entorno ayudas parecidas se han mantenido vigentes una media de 18 meses, mientras que en España sólo llevan doce meses y a pesar de haber supuesto importantes incrementos en las ventas ya se van a retirar.

Pese al buen dato con el que han cerrado las matriculaciones del mes de mayo de 2010, con un crecimiento del 44%, los concesionarios han constatado un fuerte frenazo de su cartera de pedidos a fábrica (-30%), especialmente en la segunda quincena del mes. Asimismo, ha bajado alrededor de un 75% el tránsito de clientes por sus exposiciones.

El portavoz adjunto del GPP afirma que hay que advertir que los compradores han adelantado claramente la adquisición de su vehículo ante el fin de las ayudas y el encarecimiento que van a sufrir los vehículos por la próxima subida del IVA del 16% al 18%, prevista para julio, por lo que entiende que "la unión de ambas circunstancias - fin de las ayudas y subida del IVA - va a provocar un brusco desplome en el mercado de particulares, lo que acarreará que se dejen de vender 160.000 unidades en la segunda parte del año, y lo único que amortiguaría estos efectos sería la renovación del Plan 2000E hasta final de año".

Para los populares, que destacan los beneficiosos efectos que tendría esta prórroga para el mantenimiento del empleo, el Ejecutivo debe también pensar en que el retorno fiscal que estas ayudas tienen para el Estado es enorme, ya que por cada unidad vendida se recaudan de media vía impuestos y tasas 3.200 €, además el mantenimiento de estos incentivos evitaría la destrucción de miles de puestos de trabajo y el ahorro del pago de subsidios y prestaciones por desempleo.