El PP censura “las enmiendas de tijera y papel” de la oposición y señala que los PGE evidencian que la Justicia es una prioridad

El portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Congreso, José Miguel Castillo Calvín, censuró hoy las enmiendas “de tijera y papel” presentadas por la oposición a la Sección 13 de los PGE y a las disposiciones adicionales y finales propias del Ministerio de Justicia, al tiempo que señaló que “podrá discreparse, pero nadie con un mínimo de rigor podrá decir que la Justicia no sea una prioridad para el Gobierno”.

Durante la reunión de la Comisión de Presupuestos, el parlamentario popular manifestó que de las 65 enmiendas presentadas por la oposición a los PGE para 2016 “hay 53 enmiendas de tijera y papel” respecto de las que se presentaron el año pasado, “y de ellas hay 24 que son auténticos clásicos que se presentan desde el año 2012”, repitiendo en algunos casos los mismos errores, “como la legendaria enmienda de la Izquierda Plural destinada a incrementar la aportación al Greco”.

A tenor de las enmiendas de la oposición, argumentó Castillo Calvín, “podría pensarse que el presupuesto y la distribución del gasto siguen siendo los mismos”, pero no es así. “Ha cambiado”, afirmó en primer lugar, el contexto en el que se presentan los PGE para 2016 si se compara con el que había al inicio de la legislatura, “pasándose de una profunda crisis al crecimiento económico y la creación de empleo”. “Y han cambiado”, en segundo lugar, las cifras de los PGE para 2016, “que vuelven a experimentar por segundo año consecutivo un incremento, en concreto una subida de 106,5 millones respecto a 2015”. 

Ante “esta variación sustancial” de crecimiento en todos los programas de actuación del Ministerio, el dirigente popular afirmó que “llama la atención que algunos grupos centren sus enmiendas y sus críticas en los mismos asuntos y temas”, como el caso de la política de gasto de personal, a pesar de que a esta partida se destina el 82,6% del presupuesto total para Justicia, con una dotación de 1.303 millones.

Con esta medida concreta, dijo el diputado popular, se refuerza la oferta de empleo con “una ambiciosa convocatoria” de más de 2.000 nuevas plazas para los cuerpos de Administración de la Justicia y que permitirá la creación de 100 nuevas plazas para jueces y fiscales, cifra que se suma a las 282 creadas este año para jueces y a las 66 para fiscales.

De igual manera, Castillo Calvín lamentó la reiteración en las críticas respecto del gasto en materia de modernización tecnológica, pese a que los 64,62 millones destinados para el próximo ejercicio suponen un incremento cercano al 36%. Lamentó que tampoco se tenga en cuenta la dotación de 11,18 millones, más de un 27,5% con respecto a 2015, para desarrollar el plan de modernización tecnológica de los registros, o la asignación de 36,7 millones para facilitar el acceso al beneficio a la justicia gratuita, o que tampoco se valore positivamente el incremento de un 54,6% del gasto relacionado con el apoyo a las víctimas mediante asistencia psicológica y para la realización de pruebas periciales en los procesos judiciales, o que les parezca insuficiente el dinero destinado a obra y equipamiento, un 4% más que en 2015.

Por todas estas razones, censuró que “en lugar de reconocer el esfuerzo realizado por el Gobierno para disponer de más y mejores recursos profesionales, materiales y tecnológicos para aplicar al servicio público de la Justicia, algunos grupos insistan en rechazar en su totalidad el presupuesto de esta sección”, si bien quiso recordar que “se podrá discrepar sobre muchas cuestiones, pero no puede defenderse con un mínimo de rigor que la Justicia no sea una prioridad del Gobierno, porque se ha hecho un esfuerzo notable”.