El diputado del Grupo Popular y portavoz adjunto de Agenda Digital, Javier Ruano, ha asegurado que “somos conocedores de que el Gobierno está comprometido con este asunto y ha impulsado distintas medidas para promover el uso seguro y responsable en Internet y en las nuevas tecnologías, siendo los menores una prioridad en la agenda social de este Gobierno que avanza, sin duda, en la protección de los derechos de los más desprotegidos y sensibles a los riesgos de la red”.
Durante la sesión de Control al Gobierno el diputado popular ha preguntado al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, sobre qué medidas está poniendo en marcha el Gobierno para ayudar a niños y adolescentes a incrementar la seguridad en la red.
El portavoz adjunto de Energía del Grupo Popular ha expuesto que “en España el 95 por ciento de los menores de edad son internautas habituales y el 70 por ciento dispone de teléfono móvil, más concretamente el 30 por ciento de los menores de 10 años accede a internet, cifra que llega al 70 en el caso de los menores de 13 años y al 90 por ciento en el caso de los menores de 15 años”.
“Todos estamos de acuerdo que Internet es un campo abonado para la comisión de delitos especialmente graves, tanto por la facilidad de acceso como por el anonimato que proporciona”, ha explicado Ruano, a la vez que ha advertido que “esta situación se refleja en el día a día en nuestros colegios, sociedad, con multitud de casos de acoso escolar y otro tipo de comportamientos que son extraordinariamente lesivos sobre todo para el sector de la población más vulnerable como son nuestros menores y adolescentes”.
En este sentido, el dirigente del PP ha señalado que “prueba de ellos son los datos de que disponemos: en 2016 se registraron 115.000 incidentes de ciberseguridad, que afectaron a nuestros ciudadanos y de forma especial perjudicaron a los más indefensos, nuestros menores”.
“Prueba de ello, ha destacado Ruano, son las reformas que se han llevado a cabo por el Gobierno; la reciente reforma de la legislación de la infancia en la décima legislatura garantizó un marco jurídico de protección uniforme y lucha contra la violencia hacia los menores o la reforma del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia a través de la Ley Orgánica 8/2015 que configura un nuevo marco jurídico en el que prevalece el interés del menor y en el que se refuerzan todos sus derechos”.