El PP apuesta por limitar las reagrupaciones en cadena de inmigrantes

Defiende que las autorizaciones iniciales de trabajo sigan siendo competencia del Estado sin que las Comunidades Autónomas puedan asumir competencias en esta materia

El Partido Popular apuesta por limitar las reagrupaciones en cadena, prohibir por ley las regularizaciones masivas y establecer el contrato de integración, como medidas para abordar una política responsable en materia de inmigración. Estas son algunas propuestas que han planteado hoy los miembros de la Comisión Nacional de Inmigración del PP y que plasmará en el Congreso el grupo parlamentario popular durante la tramitación del proyecto de Ley de Extranjería.

La Comisión Nacional de Inmigración del Partido Popular, presidida por el portavoz de Inmigración del grupo popular, Rafael Hernando, y el responsable de esta materia en el PP, Gonzalo Robles, entiende que hay que limitar las reagrupaciones en cadena para que los familiares reagrupados no puedan reagrupar a su vez a otros familiares y así sucesivamente. Sin embargo, en el Proyecto de ley elaborado por el Gobierno, sólo se limita la reagrupación a ascendientes mayores de 65 años, cuando el número de personas mayores extranjeras que viven por encima de esta edad y vienen a nuestro país es muy insignificante.

Por otro lado, el PP quiere eliminar el plazo de un año establecido para que el cónyuge o el hijo reagrupado pueda trabajar en nuestro país. Este plazo impide que los ya reagrupados en España trabajen de forma inmediata.

Otra de las medidas que han tratado durante la reunión es la referida a la situación de los menores no acompañados: Priorizar la repatriación del menor a su país de origen, de acuerdo con el interés superior del mismo, y mediante la reagrupación familiar de manera prioritaria.

Además, el PP aboga por prohibir las regularizaciones masivas. De acuerdo con lo establecido en el Pacto Europeo de Inmigración, las regularizaciones de inmigrantes se harán caso por caso, de forma excepcional por motivos humanitarios o económicos, sin que en ningún caso se vuelvan a repetir las regularizaciones masivas, como la realizada en el año 2005 por el Gobierno de Zapatero, donde se regularizaron más de 600.000 inmigrantes.

Contrato de integración

Otra de las apuestas del Partido Popular es el contrato de integración. Por esta vía, las administraciones públicas incorporarán el objetivo de la integración entre inmigrantes y la sociedad receptora a través del contrato de integración para aquellos inmigrantes que deseen establecerse en nuestro país.

La Comisión ha recordado que el Partido Socialista votó en contra de esta iniciativa, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, en el pleno del Congreso de los Diputados, si bien el Proyecto de Ley de Acogida para personas inmigrantes, que prepara la Generalitat Catalana, sí contempla el contrato de integración.

Durante la reunión, también se ha abordado la situación de los inmigrantes irregulares que cometen delitos o el período máximo de estancia de inmigrantes en centros de internamiento, entre otras medidas.

Además, el PP plantea la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local y de la Ley de Extranjería en materia de condiciones, requisitos y efectos del Padrón Municipal, sin menoscabo de los derechos de los inmigrantes recogidos en nuestra legislación, de forma que incorpore información permanente, actualizada y disponible en el tiempo y forma sobre flujos migratorios.

Por último, defiende que las autorizaciones iniciales de trabajo sigan siendo competencia del Estado sin que las Comunidades Autónomas puedan asumir competencias en esta materia. El proyecto de Ley pretende modificar este aspecto para recoger lo establecido en el Estatuto de Cataluña, cuando todavía está pendiente de sentencia por parte del Tribunal Constitucional.