El PP apuesta por implantar la licencia única de caza en España

Reunión de consejeros de Agricultura y Medio Ambiente del Partido Popular

La caza genera más de 3.600 millones de euros al año, y los beneficios del turismo cinegético repercuten especialmente en el comercio y la hostelería de las zonas rurales.

La secretaria ejecutiva de Agricultura y Medio Ambiente del Partido Popular, María Luisa Soriano, se ha mostrado partidaria de implantar una licencia única de caza en España, con el fin de "facilitar los trámites a los cazadores, simplificar los procedimientos y fomentar el turismo cinegético, del que se benefician especialmente las zonas rurales".

Lo ha expuesto tras la reunión que han mantenido esta tarde en Madrid los consejeros autonómicos de Agricultura y Medio Ambiente del Partido Popular, en la que todos se han mostrado partidarios de estudiar soluciones técnicas y políticas que faciliten el proceso a favor de una actividad deportiva y de ocio que genera más de 3.600 millones de euros al año en España.

Los responsables populares quieren dar un primer e importante paso que lleve hacia la licencia única de caza en todo el territorio nacional, que pasa por la convalidación mutua de las licencias para que los cazadores no tengan que solicitar una para cada región.

Con ello se pretende impulsar el turismo cinegético, muy importante en las zonas rurales, beneficiando no sólo a los cotos de caza sino también a la hostelería, restauración y comercios, e impulsando la creación de empleo en estas áreas.

Por otro lado, los responsables de Agricultura y Medio Ambiente del PP también han abordado la necesidad de adoptar medidas para implementar el control oficial de la cadena agroalimentaria en todos sus eslabones -producción, industria, distribución y consumidor-, que pasan por una mayor coordinación entre las distintas administraciones implicadas.

También han tratado la simplificación administrativa en los trámites relacionados con asuntos medioambientales. Han abogado por reducir los plazos de resolución en todos los procedimientos y se van a regular, en todos los casos en que sea posible, el silencio administrativo como estimatorio para el administrado, lo que se conoce como "silencio positivo".