El PP afirma que la norma "agiliza y simplifica" las normas ambientales

La portavoz del PP ha afirmado que el Real Decreto de medidas urgentes en materia de Medio Ambiente, "promueve la simplificación y agilización de las normas ambientales, la eliminación de la inseguridad jurídica y el establecimiento de reglas claras y sencillas que protejan el medio ambiente y fomenten un desarrollo compatible e integrado en él".

Entre las medidas de especial relevancia que promueve el Real Decreto, De Lara ha destacado, en primer lugar, el principio de unidad de gestión de las cuencas hidrográficas intercomunitarias. En este sentido, ha recordado que el mismo está elevado a principio constitucional por el TC, al anular las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre el río Guadalquivir, "lo que deja patente que cualquier pretensión de territorializar la gestión del agua a través de arquitectura jurídica, debe ser invalidada".

Para la diputada del PP, la derogación en el Real Decreto de la Disposición Adicional incorporada en la Ley de Aguas, que permitía a las Comunidades Autónomas que así lo establecían en sus Estatutos de Autonomía asumir competencias de policía del DPH en cuencas intercomunitarias, garantiza no sólo el principio de unidad de cuenca y evita su gestión fragmentaria, sino que "defiende los intereses generales frente a intereses localistas y políticos que pudieran generar conflictos territoriales por la distribución de los recursos sobre todo en épocas de sequía".

Acuífero 23-Tablas de Daimiel 
Entre otras medidas de la norma, De Lara también ha defendido que se mantengan las extracciones anuales en el Acuífero 23 dentro de sus niveles anuales de recarga para mantener el sistema ambiental. Según ha indicado, esto "permitirá conseguir los objetivos ambientales y sociales de la zona y reducir la extracción de agua en dicho acuífero sin utilizar dinero público tal y como se venía haciendo en los últimos años".

Asimismo, ha apostado por la modificación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados para reducir cargas administrativas, simplificar la normativa y evitar situaciones de inseguridad jurídica. 

Así, ha explicado que este sistema introduce sobrecostes innecesarios en el sector industrial, ya dañado en la actual situación de crisis; genera también grandes perjuicios para la distribución comercial; hace necesaria una gran inversión que no repercute en la eficacia ni en la eficiencia empresarial e introduce barreras a la libre circulación de mercancías y productos.

Ley de Patrimonio Universal y Biodiversidad
La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular también ha asegurado compartir la modificación que el Real Decreto hace de la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad "para evitar el solapamiento de diversas figuras jurídicas que coinciden en un mismo espacio geográfico".

En su opinión, "la conservación del patrimonio natural no debe basarse solamente en limitaciones y en prohibiciones", por lo que ha hablado de "incentivar" y "apostar por la gestión sostenible como elemento básico de conservación".

Por último, ha destacado también que en el último punto del Real Decreto se adapta la Ley del Mercado de Valores a la normativa comunitaria para que el Reino de España "pueda acceder a participar en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, cumplir los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kyoto e ingresar de 1.000 a 1.500 millones de euros anuales, que deberán emplearse, preferentemente, según indica la Directiva Europea, en la lucha contra el cambio climático".