El PP afirma que "hay que endurecer el reproche penal e impedir que se extienda la cultura del engaño"

El portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Congreso, José Miguel Castillo Calvín, afirmó que la norma que se debate, "tiene como objetivo tratar de hacer más difícil el fraude; endurecer el reproche penal que merece; dar efectividad a los mecanismos de cobro; e impedir que, ante la impunidad, pueda extenderse una cultura del engaño".

Durante el debate del Proyecto de Ley Orgánico por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, Castillo Calvín aseguró que "estamos ante una reforma importante, y de todo punto necesaria".

En su opinión es "importante, por cuanto en el contexto de grave crisis económica por la que atraviesa España, el fraude estimado a la Administración Pública, se encuentra en torno a 70.000 millones de €, lo que supone un 23% de nuestro PIB".

A su juicio y "aunque la defraudación siempre es un acto grave, el hecho delictivo reviste una mayor trascendencia, dada la situación en la que nos encontramos, pues el daño provoca el peor perjuicio al conjunto de la sociedad, además de comprometer la competitividad y la credibilidad de nuestro país".

En este sentido, Castillo Calvín indicó que "se trata de articular mecanismos de respuesta adecuados y firmes, frente a quienes pretenden beneficiarse fraudulentamente de un sistema, encontrando en estas prácticas, una particular y lucrativa especialidad delictiva, en perjuicio de quienes sí cumplen lealmente con sus obligaciones".

Enmiendas de la oposición
El portavoz de Justicia se refirió a las enmiendas del Grupo Socialista y de la Izquierda Plural y consideró que estos grupos aprovechan cualquier
oportunidad para oponerse al Gobierno y discrepar con cualquier propuesta legislativa.

Así, afirmó que "con esta actitud, van a quedar en una situación realmente complicada", ya que, en su opinión, "castigar a quien defrauda, no sólo es razonable y justo para hacer efectiva la solidaridad que la Constitución fija como norma de convivencia, sino que además responde al clamor ciudadano".

A juicio del portavoz parlamentario "es poco presentable que vengan a proclamar con tanta vehemencia, como poco convencimiento, que con esta reforma "se criminaliza a trabajadores y pensionistas".

La reforma sanciona a quienes engañan
En este sentido, dejó claro que "la reforma no castiga "a los que perciben indebidamente una prestación", sino que sanciona a quienes engañan para obtener una prestación indebida.

Así, explicó que "en nuestro Derecho, la obtención de un beneficio económico a costa de otro mediante engaño se define como estafa"."Y la conducta que se pretende castigar en el fraude de prestaciones, es la de llevarse con engaño, de la caja de todos, algo a lo que no se tiene derecho".

Partidos políticos y sindicatos
El portavoz de Justicia consideró, sobre este asunto que "no es de recibo que partidos políticos y sindicatos, estén exceptuados de las responsabilidades penales que tienen el resto de las personas jurídicas de derecho privado en España; esto es un privilegio y tenemos la firme determinación de acabar con él".

Así, el dirigente popular indicó que, con el Proyecto de Ley de Transparencia, "se modificará también la Ley Electoral para introducir como causa de inelegibilidad no sólo cuando ha habido sanción penal, sino incluso cuando ha habido sanción administrativa".

El portavoz de Justicia remarcó que "he pretendido poner en valor la relevancia de las reformas que queremos introducir en el Código Penal, pues sin duda van a lograr una mayor eficacia en la lucha contra el fraude, y con ello, que nuestro sistema funcione de forma más justa y solidaria".

Finalmente, aclaró que "por la especial responsabilidad que los partidos tenemos ante la sociedad, pediría a la oposición que, dejando a un lado las apariencias, y centrándose en la realidad, nos acompañen en nuestro propósito".