El PP acusa a Caamaño de amparar el "comportamiento ilícito de cargos electos del PSOE de Almería"

El diputado del Partido Popular, Juan José Matarí recordó al ministro de Justicia, que el Fiscal debe "reaccionar frente al quebrantamiento del secreto sumarial cuando este se produce"

En la Sesión de Control, el diputado popular por Almería acusó al Gobierno de amparar el "comportamiento ilícito de cargos electos del PSOE en Almería" al no haberse producido ninguna actuación de la Fiscalía, después de que el pasado 8 septiembre dirigentes y cargos electos del PSOE de Almería dieran publicidad al escrito de acusación efectuado por la Fiscalía contra el alcalde de Sorbas, en una rueda de prensa, levantando el secreto judicial amparado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En este sentido, Matarí añadió que "este es un ejemplo más de la doble vara de medir" y "de cómo la Fiscalía, siguiendo las instrucciones del Gobierno es proactiva a los casos que afectan al PP y es escandalosamente pasiva a los casos que afectan al PSOE".

De este modo, el diputado popular acusó al ministro de Justicia de "deslegitimar el Estado de Derecho" por instrumentalizar al servicio del PSOE a la Fiscalía, que en ocasiones "habla con dirigentes socialistas para advertirles y que puedan dimitir antes de su detención, de su imputación o de su acusación", donde recordó los casos de Estepona o Palos.

"En otras ocasiones", recordó, "no actúa cuando están implicados dirigentes de su propio partido" como en los casos del vicepresidente tercero, Manuel Chaves, implicado en los casos de Matsa o Mercasa, y otros casos como el CNI o Caja Castilla La Mancha. "Sin embargo, cuando se trata del PP, la Fiscalía siguiendo instrucciones del Gobierno, impulsa o recurre", mientras que "pide el archivo" en otros como es el caso del presidente de la diputación de Almería que contrató asesores para que trabajaran en la sede del partido socialista y "aquí no pasa nada".

Por último, Matarí reprochó a Caamaño que "no tienen ningún escrúpulo en utilizar todos los poderes del Estado a su alcance ya sean la Fiscalía, la Policía, la Agencia Tributaria, lo que haga falta si se trata de perseguir al adversario político".