La política energética del Gobierno pone fin a los "desbarajustes" del pasado e impide la quiebra del sector

Hoy, en el Pleno del Congreso celebrado en el Senado

Antonio Erias avala una reforma que aportará al sistema estabilidad y transparencia, y en el que las soluciones "no serán trasladadas a los más débiles"

El portavoz de Energía del GPP, Antonio Erias, avaló hoy las medidas urgentes adoptadas por el Gobierno para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico, contenidas en el Real Decreto-Ley 9/2013, y que llegan después de los "desbarajustes" producidos por las políticas económicas del pasado, "que ahora se convierten en resultados no deseados" y que obligan a intervenir "no sólo para asegurar el suministro sino también la sostenibilidad del sistema y evitar su quiebra".

En su intervención durante el debate de convalidación de la norma, Erias lamentó que desde el PSOE y los que fueron sus socios en el pasado "no formulen ninguna propuesta" para enmendar el déficit tarifario que han dejado como legado, con una deuda acumulada de cerca de 27.000 millones, "ni reconozcan que son los responsables políticos de los desbarajustes producidos en los costes del régimen especial".

Erias contrapuso las medidas adoptadas por el Gobierno -que tienen como máxima "que las soluciones no se trasladen a los más débiles" y garantizar la estabilidad financiera del sector acometiendo una reordenación de los costes-, a las reclamaciones que hacen en la oposición, que de ser aplicadas, advirtió, "profundizaríamos más en el enorme déficit tarifario que tenemos y que alcanza el 3% del PIB".

Erias abogó así por una reforma en la que consumidores, inversores y Estado "puedan contar con un marco regulatorio transparente y estable, que garantice certidumbre al sector y la confianza de los inversores bajo la premisa de equilibrio entre las partes y equidad". Parte de la solución, insistió, pasará por lograr una mayor eficiencia y por atajar el problema de déficit de tarifa que la economía española padece desde 2002 con el menor impacto para el consumidor, pues consumidores e industriales pagan por la energía uno de los precios más elevados de la UE, y en los últimos siete años han soportado subidas de más del 60% en el precio.