La Ley de Enjuiciamiento Criminal agilizará los procesos al acabar con las macrocausas y el exceso de burocracia

El portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Congreso, José Miguel Castillo Calvín, aseguró hoy, tras la presentación en el Consejo de Ministros del texto del Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que "evitará dilaciones indebidas, agilizando la justicia penal, mediante una serie de medidas que permitirán resolver el grave problema que supone la excesiva duración de los procesos".

En este sentido, el portavoz del PP afirmó que "la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, facilitará la investigación y agilizará la tramitación de los procedimientos". De esta manera, "nuestros jueces y fiscales podrán emplear su tiempo de manera más eficaz, evitando que la instrucción de los macroprocesos puedan eternizarse en nuestros juzgados y tribunales", añadió.

Además, Castillo Calvín remarcó que esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "persigue combatir la excesiva duración de los procesos en el orden penal, para lo que resulta fundamental mejorar los tiempos de respuesta, así como concentrar los esfuerzos de nuestros tribunales en asuntos de especial relevancia y complejidad".

Por otro lado, explicó el portavoz parlamentario "se facilitará la actuación de los jueces de lo penal, en particular de los jueces de la Audiencia Nacional, trasladando al ámbito de nuestra legislación lo que hoy es normal en el ámbito de la investigación".

El dirigente del PP destacó que "para superar una de las principales carencias que tiene nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal en este momento, pues es una ley originaria del siglo XIX, esta reforma se ha planteado con objetivos ambiciosos, como son: agilizar la justicia penal, para evitar dilaciones indebidas; fortalecer los derechos procesales en cumplimiento de la normativa comunitaria; mejorar y facilitar la investigación tecnológica; regular un procedimiento para el decomiso; articular un sistema de doble instancia penal y establecer cauces para el cumplimiento de sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Agilización de los macroprocesos
El dirigente del PP explicó que "en la actualidad, nuestro sistema procesal impone a los jueces de instrucción, la obligación de acumular en una sola investigación todas las causas conexas de las que vaya teniendo conocimiento como consecuencia de su investigación, lo cual está provocando la instrucción de macroprocesos de larguísima duración".

Así, subrayó que "lo cierto es que los ciudadanos perciben que estos macroprocesos de ámbito penal se alargan durante demasiados años y, por lo tanto, sin que se imparta una justicia efectiva".

"Con el Proyecto que hoy ha presentado el Consejo de Ministros, la instrucción de los asuntos complejos podrá seguir su curso, sin necesidad de acumular sucesivas piezas", explicó Castillo Calvín, quien aclaró que "así se evita que estas instrucciones se eternicen en nuestros juzgados, lo que permitirá que los imputados puedan comparecer ante un tribunal en unos plazos razonables".

Por lo tanto, remarcó el portavoz del PP "se trata de imprimir agilidad y eficacia a las causas, acabando con la sensación de retraso que genera el hecho de que procesos de gran repercusión social permanezcan abiertos durante años, sin que en ese tiempo se puedan determinar y finalizar responsabilidades penales".

En este sentido, señaló que "para contribuir a este objetivo, y para garantizar mejor los derechos del imputado, evitando así que la tardanza en responder no siga siendo, como ocurre ahora, ni una forma de impunidad para el delincuente, ni tampoco una condena pública sin sentencia, para quien no lo es, se establecen plazos máximos para la instrucción, dependiendo de su complejidad".

Así, indicó Castillo Calvín que "entre otras medidas previstas en este Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para mejorar los tiempos de respuesta y, sobre todo, concentrar los esfuerzos de nuestros tribunales del orden penal en asuntos de especial relevancia y complejidad, se encuentra la mejora del sistema de conformidades, de tramitación rápida, para agilizar la tramitación de una parte muy importante del volumen de asuntos que hoy están llegando a los juzgados y tribunales del orden penal".

Mejorar y facilitar la investigación
En este sentido, el dirigente del PP recordó que "el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, considera que algunas técnicas como la transcripción de conversaciones, la duración de la medida de la intervención, la autenticidad de los soportes de la grabación o la custodia o destrucción de los datos obtenidos, deberían tener una regulación expresa que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal no tiene en este momento, y que era necesario contemplar".

El portavoz del PP concluyó que "con las medidas previstas, se facilitará la actuación de los jueces de lo penal, en particular de los jueces de la Audiencia Nacional, trasladando al ámbito de nuestra legislación lo que hoy es normal en el ámbito de la investigación".

Finalmente, respecto al cambio de denominación para referirnos a la condición con la que los hoy imputados participan en el proceso, en su opinión, "con la denominación de investigados o encausados (según la fase procesal) mejorará la condición de las personas que participen en las causas, en cuanto no supondrá esa especie de precondena o precalificación de culpabilidad, que es lo que en realidad hoy existe en nuestra sociedad".