El GPP reclama al Gobierno el supuesto informe que impide transferir entregas a cuenta y recursos pendientes del IVA a las CCAA

Hoy, en el Congreso

El diputado del GPP en el Congreso de los Diputados, Mario Garcés
El diputado del GPP en el Congreso de los Diputados, Mario Garcés

La portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, y el portavoz adjunto para asuntos económicos, Mario Garcés, afirman que “el Gobierno ha desistido irresponsablemente de sus obligaciones de dotar de recursos necesarios a las CCAA, abocando a éstas a una situación insostenible”

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado hoy una solicitud dirigida al Ministerio de Hacienda por la que se requiere de ese Departamento el supuesto informe de la Abogacía del Estado que, según la Ministra de Hacienda, prohíbe al Gobierno en funciones actualizar las entregas a cuenta y devolver la liquidación del IVA a las Comunidades Autónomas.

Álvarez de Toledo y Garcés afirman que, “con independencia del contenido y alcance del informe, el libramiento de fondos a las CCAA a partir de la aplicación del modelo de financiación no puede quedar reducido a una facultad discrecional del Estado, sino que constituye un deber para el Estado de cumplimiento obligatorio y un derecho para las CCAA de directa exigibilidad. Por ello, es especialmente importante conocer el contenido de ese informe”.

La conducta del Gobierno de Sánchez supone, en la práctica, según los dirigentes populares, “un desistimiento irresponsable de sus obligaciones de dotar de recursos necesarios a las Comunidades Autónomas, abocando a estas a una situación insostenible”. Añaden que “la parálisis del Gobierno está provocando un enquistamiento alarmante en los presupuestos de las Comunidades Autónomas, que inevitablemente acabará trasladándose a los ciudadanos en cada territorio”.

Han recordado que las desviaciones en el presupuesto de gastos producidas por la aprobación de determinadas normas “está desestabilizando la previsión de cumplimiento por parte del sector Estado de su objetivo de déficit, trasladando el problema imprudentemente a través de la inejecución presupuestaria a las CCAA”. Por ello, han acabado señalando que “su incapacidad declarada para cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria, como resultado de unas políticas fiscales indisciplinadas, no puede repercutirse a aquellas Administraciones que se comportan con diligencia y responsabilidad”.