El GPP insta al Gobierno a establecer unos requisitos mínimos en la formación de psicólogos forenses y otros peritos judiciales

El portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Congreso, José Miguel Castillo Calvín instó al Gobierno a establecer unos requisitos mínimos de conocimiento y profesionalidad de los psicólogos y psiquiatras forenses, así como de otros colectivos de peritos judiciales, con especial referencia al ámbito jurídico, en la medida que realicen su actividad ante la Administración de Justicia.

Durante el debate de la Proposición no de Ley relativa al establecimiento de unos requisitos mínimos en la formación de psicólogos forenses y otros peritos judiciales, el portavoz popular también solicitó al Ejecutivo del PP que considere la creación de un registro a nivel nacional, en el que se incluyan los profesionales de los diferentes ámbitos que cumplan tales requisitos mínimos, dependiente del Ministerio de Justicia.

Para Castillo Calvín los servicios a la Administración, "pueden ser Personal Laboral, en cuyo caso han tenido que superar para su ingreso en la misma un proceso selectivo, en el que han demostrado sus conocimientos de forma suficiente para poder desempeñar las tareas que tienen encomendadas".

En este caso, añadió el dirigente del PP "desde el momento en que se produce su ingreso, pueden participar en todos los cursos de formación programados en los Planes de Formación anuales de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia; tanto en los de carácter general dirigidos a todas las categorías laborales, como a los que son específicos de su categoría".

Psicólogos, forenses, psiquiatras y peritos 
"Pero también", explicó Castillo Calvín "junto a este personal laboral, existe la figura del psicólogo y del perito, que realizan su actividad en el marco de la Administración de Justicia, prestando sus servicios de forma puntual, bien como profesionales independientes, o bien trabajando para organismos judiciales a través de una empresa, en el supuesto de que esté licitado este servicio".

En su opinión, "la labor de estos psicólogos, psiquiatras y peritos forenses es imprescindible en la actuación de jueces y partes implicadas en los procesos judiciales, ya que entre sus funciones se encuentran el asesoramiento sobre el perfil psicológico de los sujetos que son objeto de un proceso, tanto al Juez como a las partes, así como la realización de peritajes que proporcionen al Juez un conocimiento científico para la toma de decisiones".

Sin embargo, apuntó el portavoz del PP "a pesar de la importancia de su labor, la legislación española y concretamente en la LOPJ, al regular los operadores jurídicos que tratan con la Administración de Justicia, no se hace referencia a cómo ha de desarrollarse la actuación de estos profesionales, o de cuales han de ser los requisitos de formación específica en materia jurídica que han de cumplir".

Por este motivo, tanto el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, el Defensor del Pueblo, los Jueces de Familia, profesores universitarios y otros tantos sectores reclaman, como de manera explícita se materializa en esta propuesta, que "se tomen medidas para asegurar la calidad de quienes realizan estas funciones ante los tribunales de Justicia".

En este sentido, señaló Castillo Calvín "el Gobierno, y concretamente el Ministerio de Justicia, están trabajando en la reforma de la LOPJ".

A su juicio, "resulta necesario, y debe ser una prioridad, regular adecuadamente el acceso de aquellas otras profesiones no jurídicas que desarrollan actividad ante nuestros juzgados y tribunales, y que, sin ser personal laboral, -como ocurre con los psicólogos forenses, peritos, traductores, mediadores o administradores concursales, entre otros-, realizan labores de asesoramiento, y por tanto prestan un servicio auxiliar, pero no por ello poco relevante".

Así, el dirigente del PP consideró que "debemos tener una Justicia de calidad, y garantizar a los ciudadanos que acceden a ella una mayor seguridad, es la única forma de conseguir que la tutela judicial efectiva sea una realidad".

En este sentido, el Grupo Popular apuesta por la profesionalidad y calidad de los operadores que realizan su labor en torno a la Administración de Justicia ante los diferentes órdenes jurisdiccionales y en los diferentes Tribunales especializados por razón de la materia que hay en España.

Por ello, Castillo Calvín solicitó al Ministerio de Justicia que "exija una formación adecuada y uniforme, a la vez que se fije una formación continuada en la materia para mantener los niveles de profesionalidad".

Finalmente, aseguró que "para garantizar que los requisitos mínimos y uniformes de formación y experiencia profesional que marque el Gobierno se cumplen, resulta necesario crear uno o varios registros dependientes del Ministerio de Justicia, en colaboración con las CCAA, en el que se inscriban aquellos profesionales que superen los requisitos de capacidad y profesionalidad que el Ministerio fije".