La secretaria general del PP ha lamentado que el PSOE y algunos de sus socios se hayan negado a poner en marcha la Subcomisión para la Protección del Menor en el Entorno Digital en el Congreso
La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, les ha trasladado la Proposición no de Ley del PP que se va a registrar para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que cree un servicio de atención a adicciones tecnológicas, así como el incremento de campañas de prevención y concienciación en centros educativos, medios de comunicación y redes sociales frente a este tipo de adicciones.
Lo ha hecho durante una reunión con la Fundación ANAR, una asociación sin ánimo de lucro que ayuda a niños y jóvenes en riesgo, y durante la que ha estado acompañada de la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social, Ana Alós, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez.
En este sentido, Gamarra ha subrayado la importancia de “tomar medidas” ante los “datos desoladores” que existen sobre la situación de los menores en el entorno digital y ha lamentado que el PSOE, junto a algunos de sus socios como el PNV, se negasen hace unas semanas a sacar adelante la Subcomisión para la Protección del Menor en el Entorno Digital en el Congreso de los Diputados para escuchar a la sociedad civil y evaluar distintas soluciones y programas para abordar el problema.
Esto supone una clara diferencia con lo que ha ocurrido en el Senado, cámara en la que el Partido Popular sí tiene mayoría absoluta y ya ha comenzado a trabajar en una ponencia sobre el problema de la protección del menor en internet.
La iniciativa del PP por la que se exige la creación de un servicio de atención a adicciones tecnológicas señala que hasta el 15% de la población se considera adicta a las nuevas tecnologías y hasta el 10% es adicta a la pornografía, unos porcentajes que no hacen más que aumentar según se rebaje la edad a estudiar. De hecho, se estima que cerca del 70% de los menores consumen pornografía frecuentemente y hasta un 10% tienen adicción a los videojuegos, lo que termina generando posteriormente patologías como agresividad, ansiedad, introversión o depresión.
Gamarra ha recordado que desde el PP se lleva trabajando mucho tiempo en este campo, que ya se ha venido alertando de la “desoladora situación” y que incluso se ha exigido un Plan Integral de Prevención de Riesgos Digitales en el entorno del menor, que fue rechazado “sin explicación, como si no fuera una prioridad”.
En relación al acoso escolar, durante la Declaración de Córdoba todos los presidentes autonómicos del PP se comprometieron a aprobar una normativa común para limitar el uso del teléfono móvil en el entorno escolar, con el objetivo de evitar los abusos y la violencia contra los menores que se está produciendo en redes sociales y con el uso de estos dispositivos. Además, el PP ha propuesto establecer procedimientos de verificación de edad eficaces y de confianza en Internet para garantizar los derechos fundamentales de los menores en internet.
Frente a este acoso escolar, la secretaria general del PP ha defendido y reclamado establecer protocolos “eficaces”, a través de información y formación a familias y profesores, para evitar casos de acoso escolar y ha recordado la Proposición no de Ley del PP que proponía toda una serie de medidas para la prevención, detección y actuación frente al bullying. “La protección de los menores en todos los ámbitos nos preocupa y nos ocupa”, ha asegurado Gamarra, que ha defendido “avanzar en la regulación y en la legislación, siempre bajo un debate serio y riguroso y que promueva medidas efectivas para todos”.
CONTRA LA TRATA DE MENORES
Durante la reunión con la Fundación ANAR, la secretaria general del PP también ha presentado la Proposición de Ley de lucha integral contra la trata de personas en la que está trabajando el Partido Popular y que tiene como objetivo “acabar con cualquier tipo de proxenetismo en nuestro país”. En este sentido, Gamarra ha anunciado medidas específicas encaminadas a la lucha contra la trata de menores, lo que ha considerado una “obligación moral”, y ha abogado por trabajar con la sociedad civil y asociaciones como la Fundación ANAR para sensibilizar sobre esta “lacra”.